CARLOS YATERO- Semanari Directa
«Con menos dinero tendremos que hacer más, tendremos que ser más eficientes y cambiar algunas maneras de actuar». Un año después de estas palabras de Artur Mas en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Mesa del Tercer Sector denunciaba una situación crítica de las entidades sociales, por 640 millones de euros que las administraciones les deben. En este contexto, parece que la ley de hierro de estos tiempos ha sido asumida con la menor de las resistencias por parte de de las direcciones de algunas entidades afectadas por los recortes.
Esto es lo que denuncia el colectivo Defendemos la Acción Social y Comunitaria (DASC), formado por trabajadores y trabajadoras del sector social. Según DASC, las políticas de austeridad en materia de asistencia social están acentuando una empresarialización radical de la concepción general de la labor de las ONGs. Este proceso va acompañado de una precarización vertiginosa que «no sólo nos afecta como trabajadoras, sino también a la calidad del servicio que damos a las usuarias».
Esto es lo que denuncia el colectivo Defendemos la Acción Social y Comunitaria (DASC), formado por trabajadores y trabajadoras del sector social. Según DASC, las políticas de austeridad en materia de asistencia social están acentuando una empresarialización radical de la concepción general de la labor de las ONGs. Este proceso va acompañado de una precarización vertiginosa que «no sólo nos afecta como trabajadoras, sino también a la calidad del servicio que damos a las usuarias».
DASC señala la contradicción que las dificultades económicas estén recayendo fundamentalmente en los estratos laborales más bajos. Un comunicado hecho público por el colectivo señala que, desde que las políticas de recortes comenzaron a repercutir en el sector, educadores han sufrido «rebajas de sueldos, impagos a las entidades sociales que nos tenían contratadas y que nos llevaba a trabajar cobrando la mitad del sueldo, actividades que teníamos que dejar de hacer o subidas de la ratio de chicos y chicas que teníamos que educar». Mientras tanto, en la mayoría de casos, «directores cobran sueldos mensuales astronómicos», y las propias estructuras directivas de las asociaciones se mantienen intactas.
Despidos en el Casal de los Niños
El caso más reciente es el del Casal, una de las entidades más prestigiosas de Barcelona y de Cataluña, con un gran reconocimiento social, principalmente en el Raval, y multipremiada en 2012: como entidad con el Premio Voluntariado y el Premio por la Paz de la Asociación para las Naciones Unidas (ANUE), y en la persona de Enrique Canet, con la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Barcelona. Según DASC, El Casal ha hecho una reducción de plantilla de diecinueve personas entre el 2011 y el 2012, medidas que han afectado fundamentalmente a la plantilla de educadores y educadoras.
En 2011 no fueron renovados los contratos de catorce personas, y hace unas semanas se hicieron efectivos dos despidos y la no renovación de tres contratos. Detrás de este último ajuste de plantilla, según DASC, se han dado tácticas empresariales incompatibles con la ética exigible a una entidad social. La decisión se ha ejecutado tras la dimisión el pasado octubre del anterior comité de empresa, y se da la circunstancia de que las dos personas despedidas eran posibles candidatas del futuro comité de empresa y que ambas se han mostrado críticas con las líneas y las decisiones de la directiva. Desde DASC entienden que el uso del despido disciplinario en uno de los casos también pretende «disciplinar a través del miedo al resto de la plantilla» y remarcan que este se ejecuta «incumpliendo el acuerdo interno de la entidad».
Enric Canet, director de Relaciones Ciudadanas del Casal y uno de sus fundadores, ha justificado los ajustes de plantilla por «racionalidad económica». Nos explica que «las personas a las que no se renovó el contrato en 2011 participaban en proyectos que tuvieron que cerrarse por cuestiones económicas, y el ajuste de este año corresponde a una reestructuración de los proyectos también impuesta por la situación económica. En este último caso el comité de empresa fue consultado y se mostró de acuerdo con la necesidad de esta decisión». Respecto a una medida drástica como es el despido disciplinario, reconoce que «una decisión así no es fácil, pero los motivos se circunscriben a la relación entre el Casal y esa persona».
Hemos podido hablar con una de las personas despedidas, que afirma que durante estos dos años no ha sido posible plantear alternativas a estas decisiones: «en 2011 propusimos un plan de ajuste integral de la entidad para evitar estos despidos encubiertos. El gerente se comprometió a pasar el plan de ajuste, pero nunca llegó, y hace poco mencionamos la propuesta durante una asamblea informativa, y tampoco se nos hizo caso». Por su parte, Enric Canet reconoce que no ha habido espacios de participación de los educadores en las decisiones que afectan a la situación económica actual: «estas decisiones corresponden a la junta directiva y a nadie más».
Las monjas Hijas de María Auxiliadora sancionadas por Inspección de Trabajo
Otras entidades destacan por un trato a los trabajadores que se diferencia muy poco de las peores tácticas en cualquier otro ámbito laboral. Recientemente las monjas Hijas de María Auxiliadora han sido sancionadas con 5000 euros por Inspección de Trabajo por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de horarios y conciliación de la vida personal y laboral. El caso está pendiente de juicio.
Por su parte, la Fundación Merced Fontanillas, que gestiona varios centros de acogida y centros cerrados y abiertos de menores, acumula en los últimos años al menos tres conflictos con la plantilla por el impago de atrasos, el incumplimiento del convenio educación y el intento de supresión de los pluses de nocturnidad. En estos dos últimos casos, el Tribunal Supremo y el TSJC respectivamente han dado la razón a las correspondientes demandas sindicales. Esta fundación, que en 2009 fue denunciada por la gestión de un brote de gripe A en el Centro El Bosque, despidió ese mismo año el presidente del comité de empresa Ernest Mascort Boix, después de que éste denunciara la gestión de la entidad en una carta dirigida a la dirección. La fundación fue obligada a readmitir Boix y reafirmó la libertad de expresión dentro de la representación sindical.
Otras empresas que denuncia el colectivo son: APIP, dedicada a talleres ocupacionales, que habría rebajado las nóminas en un 40%, o la Fundación Eveho, que utiliza las treinta horas de formación de los trabajadores como horas laborales.
En este estado de cosas, fuentes de DASC reconocen que una de las carencias del sector es el bajo nivel de actividad sindical: «a pesar de que CCOO y CGT tienen secciones sindicales, el nivel de afiliación es casi inexistente».
Del bienestar en la beneficencia, y del trabajo social al mercado social
Pero, más allá de lo estrictamente laboral, la denuncia de DASC pone de relieve una transformación mucho más profunda, que afecta tanto al modelo de asistencia social como el mismo paradigma organizativo de las entidades asistenciales. El desmantelamiento de los derechos laborales está dando paso a fórmulas de voluntariado que no exigen la capacitación profesional, y que suponen una regresión a un modelo puramente caritativo.
De hecho, DASC destaca que la fórmula del voluntariado también se está intentando introducir en el mismo estatus laboral de los y las profesionales del sector: «nos contrata como integradores y no como educadoras o titulaciones superiores, o incluso como voluntarios liberados (que alguien nos explique, por favor, qué categoría laboral es ésta) ». Unas medidas que serían el preludio de un «cambio de modelo, del bienestar social en el estado de beneficencia».
Impulsar la Marea Naranja
Con una pobreza estructural que llega al 29% de la población catalana, según la Encuesta de Condiciones de Vida de la Diputación de Barcelona de 2011, el DASC considera que estos acontecimientos en el seno de parte de las entidades sociales llevan hacia una mercantilización de la pobreza y un retorno «a las prácticas de las instituciones religiosas de antes», mientras la administración abandona sus funciones en este terreno.
Como respuesta, el colectivo ha hecho pública una llamada a impulsar una Marea Naranja del Sector Social en Lucha: «el Sector Social es de todas, como lo son la sanidad o la enseñanza públicos, y la estafa llamada crisis no puede ser el pretexto para llevarnos a un modelo del Antiguo Régimen, cuando la beneficencia era el eje del sector social ».
PERSONAS por DINERO. La cara oculta del sector social
Hacía tiempo que lo vemos venir y por eso nos empezamos a reunir. Primero unas cuantas, luego muchas más. Nos preocupaba la precarización laboral que estábamos sosteniendo en el tercer sector, en el sector social. Además, teníamos el gobierno de los mejores, los mejores en recortar y privatizar y cambiar el modelo del estado del bienestar social.
Y ya desde los primeros días, los recortes nos afectaron, no sólo como trabajadoras (con rebajas de sueldos, impagos a las entidades sociales que nos tenían contratadas y que nos llevaba a trabajar cobrando la mitad del sueldo, esto quien tenía suerte) , sino que empezábamos a ver cómo afectaba a la calidad del servicio que podíamos dar a las usuarias. Extraescolares que no podíamos ofrecer, actividades que teníamos que dejar de hacer, subida del ratio de chicos y chicas que teníamos que educar y un largo etcétera.
Y mientras aguantábamos las difamaciones de los consejeros de la Generalitat, que decían que los recortes eran por el bien de la eficiencia, vemos cómo se empezaban a renegociar los convenios colectivos. Que si bien no eran una maravilla, nos daban una estabilidad y un reconocimiento a nuestro trabajo. Y la mayoría de entidades sociales callaban. Era la palanca del cambio de modelo, del Bienestar Social en el Estado de Beneficencia.
Y cuando nos empezamos a movilizar por nuestros derechos y por la calidad que podíamos ofrecer a las usuarias, vemos la complicidad entre la Generalitat y las grandes entidades sociales, que se frotaban las manos porque se les abría la puerta para precarizar aún más nuestros contratos que tenemos como trabajadoras. Comenzaron a aflorar contratos donde se nos contrataba como integradores y no como educadoras o titulaciones superiores, o incluso como voluntarios liberados (que alguien nos explique, por favor, qué categoría laboral es ésta).
Y las entidades sociales, estos grandes monstruos del monopolio del sector social, esas que se autodenominan entidades sin ánimo de lucro, sonreían por dentro. Pensaban y piensan: trabajadora precarizada, trabajadora justamente formada, bien disciplinada, poco quejosa. Eso es lo que queremos?. Más aún sonreían las entidades religiosas, como Soñar Despierto, los Legionarios de Cristo, porque por fin sus actividades eran solicitadas por las entidades sociales porque tienen coste cero. Coste cero económico, pero ya sabemos quién está detrás y con qué valores quieren adoctrinar. Así como las entidades bancarias, sobre todo La Caixa, que a través de su Obra Social obtiene beneficios a través de grandes montajes publicitarios con la Mataró de TV3 de 2011 contra la pobreza. Y ya sabemos, sobran sillas, no faltan.
Estamos ante la puerta de la privatización sui generis del sector social, éste que siempre ha sido invisibilizado pero que es un pilar fundamental del estado del bienestar social. Porque se constata que todo se precariza menos los sueldos de los patronatos de las fundaciones o de las cúpulas directivas de las grandes asociaciones.
Y qué publicidad más buena que se digan entidades sin ánimo de lucro, mientras los directivos y directoras cobran sueldos mensuales astronómicos. Y qué mejor publicidad que tener la complicidad de los ayuntamientos y la Generalitat, que les otorgan premios y distinciones por la supuesta gran trabajo que hacen.
Como recientemente ha ocurrido con El Casal dels Infants para la Acción Social en los Barrios, entidad miembro del ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social), recientemente galardonada con el premio Voluntariado 2012. Mientras que por la puerta de atrás ha denunciado el Convenio de la Acción Social y despide a los trabajadores que se involucran en los comités de empresa para detener toda esta deriva.
Despidos que se han basado en motivos y valoraciones totalmente subjetivas, no demostrables y extralaborales, sin ninguna comunicación por parte de ningún responsable de que su trabajo no era satisfactorio. Y utilizando fórmulas y procedimientos totalmente expeditivos y abusivos, como el despido disciplinario, que no sólo afecta a la trabajadora despedida, sino que se ejecuta, también, para disciplinar a través del miedo al resto de la plantilla. Por un lado incumpliendo el acuerdo interno de la entidad, y por la otra, con maneras de hacer más propias de la empresa privada con ánimo de lucro que de una entidad social.
Pero el Casal no es el único caso.
* La Fundación Mercè Fontanilles no tiene problemas con amenazar, sancionar o despedir incluso a los representantes de los trabajadores/as.
* APIP ha dejado de pagar el 40% de las nóminas, comunicando a sus trabajadoras que deben considerarse como un préstamo a la entidad.
* Eveho utiliza las 30 horas de formación al que tienen derecho los y sus trabajadores/as como bolsa de horas de trabajo a ubicar discrecionalmente por el empresario
* Hijas de María Auxiliadora, un caso particularmente grave, sancionadas por Inspección de Trabajo con una multa de 5000 euros por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales en cuanto a horarios y conciliación de la vida personal y laboral.
* Fundación Resilis, esta entidad, que gestiona muchos CRAEs y 2 CREIs de la DGAIA y tiene beneficios, debe parte de la paga extra de Julio a sus trabajadores y ya les avisó en Octubre de que a partir de este mes cobrarían las nominas enrtre el 1 y 15 de cada mes y que seguramente no cobrarían la totalidad de la paga extra de Navidad (sin saber si la Generalitat pagaría su deuda). Al final, cobrarán en enero tan solo un 55% de esta paga de Navidad. El resto se une a la deudas de julio.
Desde DASC, colectivo que Defensa la Acción Social y Comunitaria, que estamos impulsando la Marea Naranja del Sector Social en Lucha, que somos y queremos seguir siendo nodo de todo el resto de colectivos del sector que luchamos para visualizar que el Sector social es de todas, como lo es la sanidad o la enseñanza pública, que la estafa llamada crisis no nos puede llevar a un cambio de modelo del Antiguo Régimen donde la beneficencia era el eje del sector social; denunciamos las prácticas de estas entidades sociales con mentalidad empresarial que despiden a las trabajadoras para luchar por los derechos laborales y la calidad del servicio hacia las usuarias.
Que no nos engañen! Que aquí lo que se está cambiando es el modelo y el paradigma, y no son unos recortes circunstanciales. Que no nos engañen!, Como quiso hacer el Muy Honorable Conseller de Bienestar Social y Familia (digámosle muy honorable para que después no nos denuncien por intromisión al honor como a las compañeras de Café en Leche), Josep Lluís Cleries , que se atrevió a decir en el último congreso de la FEDAIA (Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y Adolescencia), que la solución estaba en la independencia y que lo que se estaba haciendo era temporal. No Sr. Cleries, más allá de lo que creemos cada una sobre el proceso de autodeterminación, aquí lo que se trata es de la voluntad política de cambiar el modelo. De no querer invertir en calidad laboral y en uno de los derechos fundamentales que tiene la población. De volver a las prácticas de las entidades religiosas de antes y liberarse de una obligación que es de la administración y de la sociedad.
Por todo ello, desde DASC, queremos denunciar y decimos basta!
No a los despidos disciplinarios!
Paremos la destrucción del sistema de Bienestar Social!
Extraido de: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article8468
