La ONG Médicos del Mundo, que desde el mes de abril asiste a los inmigrantes instalados en los cuarteles de Sant Andreu, ha criticado la situación de exclusión social, insalubridad y presión policial que viven sus habitantes y ha enmarcado en este proceso el crimen ocurrido en las antiguas instalaciones militares.

La ONG Médicos del Mundo, que desde el mes de abril asiste a los inmigrantes instalados en los cuarteles de Sant Andreu, ha criticado la situación de exclusión social, insalubridad y presión policial que viven sus habitantes y ha enmarcado en este proceso el crimen ocurrido en las antiguas instalaciones militares.

Un inmigrante argelino que vivía en los cuarteles ha fallecido hoy desangrado después de haber sido apuñalado en la femoral por un compañero suyo por un lugar donde dormir, según han explicado varias personas vinculadas a la ONG.

El presidente de Médicos del Mundo en Cataluña, Ferran Fonseca, ha interpretado esta muerte como «una consecuencia de la precariedad y la situación de estrés» que viven los inmigrantes y que, en su opinión, «facilita que se crispen los ánimos y surjan tensiones».

Las personas que malviven en los cuarteles soportan a diario un «asedio policial», según la doctora de la ONG Laia Martínez, quien afirma que son sometidos a varias peticiones de documentación por parte de la Policía y que, a menudo, son arrestados, retenidos y llevados al centro de detención de inmigrantes de La Verneda.

Desalojo en febrero

La amenaza de las excavadoras también está presente en esta atmósfera y, de hecho, sólo quedan en pie siete edificios en la zona oeste del solar, mientras que la zona este está completamente derruida.

Médicos del Mundo ha denunciado «la falta de garantías en el respeto a los Derechos Humanos que ofrecen las administraciones barcelonesa, catalana y, sobre todo, española» a los entre 40 y 75 habitantes de los cuarteles.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que el desalojo de los inmigrantes indocumentados de Sant Andreu se efectuará con toda probabilidad en la primera quincena de febrero.

Aunque será el juez quien ordene el desalojo y la Policía Nacional la encargada de ejecutarlo, el Consistorio de Barcelona no ha dado por concluido el realojamiento de estas personas y considera que las personas que quedan viviendo son las más conflictivas y las de más difícil integración.

EFE