Juan Carlos, proclamado rey al margen de toda legitimidad democrática, el 22 de noviembre 1975, dos días después de la muerte de Franco, ha sido el punto de apoyo para la transformación del franquismo en monarquía parlamentaria y para impulsar el tránsito de un sistema de acumulación capitalista, autárquico en origen y ya muy evolucionado, en una de las economías capitalistas más dinámicas del mundo.

Juan Carlos, proclamado rey al margen de toda legitimidad democrática, el 22 de noviembre 1975, dos días después de la muerte de Franco, ha sido el punto de apoyo para la transformación del franquismo en monarquía parlamentaria y para impulsar el tránsito de un sistema de acumulación capitalista, autárquico en origen y ya muy evolucionado, en una de las economías capitalistas más dinámicas del mundo.

Con la muerte de Franco el 20-N-1975, una doble crisis amenazó la dominación capitalista sobre la clase obrera y los pueblos de España. Por un lado, se agotaba un modelo de acumulación que, a pesar de la intensa modernización de los años sesenta, estaba deficientemente conectado con la economía mundial. Por otro, con su fundador, se desmoronaba un régimen totalitario, producto de un golpe de estado contra la legalidad republicana.

Sobre la crisis económica y política de 1975, se abrió paso un movimiento popular amplio y plural, cuya fuerza principal provenía de la voluntad de autodeterminación de numerosos sectores sociales y de diversos pueblos de España. Este movimiento desencadenó un proceso constituyente que iba más allá del cambio en el modo de acumulación de capital y de designación de los de arriba. La democracia, basada en la participación y en la cooperación de múltiples sujetos sociales, unificados en la lucha contra el franquismo, estuvo al alcance de la mano.

Sin romperse ni mancharse, treinta y ocho años de franquismo desembarcaron en un nuevo Estado formalmente democrático tras las primeras elecciones generales democráticas del 15 de junio de 1977. La Constitución Española de 1978 se fabricó desde un régimen parlamentario, pero lleno de franquistas, empezando por el propio jefe del estado.

Las claves para la continuidad de casi todos los poderes del régimen franquista, bajo la identidad trasmutada de una monarquía parlamentaria, son entre otras : Primera : La amenaza de golpe militar ante cualquier veleidad de sustentar los cambios políticos en el poder constituyente de los movimientos obreros y populares. Segunda : La capitulación de la izquierda, en particular del PCE que, presionado por el golpismo y por un PSOE recién reconstruido como “marca” electoral anticomunista, abandonó todas las identidades que le estorbaban (derecho de autodeterminación, república, movilización obrera y popular, etc.) para, por fin, tener un lugar en el sol. Tercera : Las presiones de Estados Unidos para evitar cualquier experimento democrático que pusiera en cuestión tanto el papel de España como su fiel aliado en la guerra fría, como la continuidad de sus bases en territorio español. Cuarta : La institución monárquica, encarnada en Juan Carlos de Borbón, seleccionado, educado y nombrado sucesor por Franco, incluso en contra de la voluntad de su padre Juan de Borbón.

Juan Carlos, proclamado rey al margen de toda legitimidad democrática, el 22 de noviembre 1975, dos días después de la muerte de Franco, ha sido el punto de apoyo para la transformación del franquismo en monarquía parlamentaria y para impulsar el tránsito de un sistema de acumulación capitalista, autárquico en origen y ya muy evolucionado, en una de las economías capitalistas más dinámicas del mundo. El turbio pasado de Juan Carlos de Borbón y los importantes servicios prestados al capitalismo español y norteamericano, han sido recompensados con el blindaje de su contrato con el estado democrático : El Art. 56.3 de la Constitución Española le coloca fuera, es decir, por encima del ordenamiento jurídico al declararle “irresponsable ante las leyes”.

El régimen político español sustenta su legitimidad en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978, en el que se aprobó la C.E. La Constitución fue aprobada con 15 millones de votos afirmativos (el 58% del censo electoral) ; 1.400.000 votos negativos (5,5%) ; 650.000 votos en blanco (2,5%) ; 135.000 votos nulos (0,75%) y una abstención de 8,6 millones de votantes (32%). En Euskadi, donde las fuerzas soberanistas solicitaron la abstención o el voto negativo, la constitución tuvo un apoyo minoritario.

A partir de ese momento, el régimen se desplegó en un contexto de represión de las luchas populares constituyentes, por parte de todo el arco parlamentario incluido, en primera fila, el PCE con la ayuda de CCOO bajo la presión de UGT, sindicato dependiente del PSOE que en esa etapa oficiaba de extrema derecha sindical. La modernización de los partidos de izquierda y sus sindicatos filiales, les hizo especialmente beligerantes con movimientos populares irreductibles, como el movimiento popular vasco por la autodeterminación. Esta modernización colocó las constantes luchas de resistencia en un plano defensivo y marginal respecto al sistema político neofranquista que, una vez travestido a democrático, relega los constantes conflictos políticos y sociales al terreno de anomalías en el reino de la libertad y la democracia.

La ruptura democrática aún está pendiente
No a la Constitución monárquica. Por la soberanía popular
Por el derecho de autodeterminación

MEMORIA, DIGNIDAD Y LUCHA
MANIFESTACIÓN ANTIFASCISTA EN MADRID. SÁBADO 19N 20h. CIBELES

Este texto forma parte de un libro en preparación : “Constitución(es), autodeterminación(es) y movimiento antiglobalización”.


Par : Agustín Morán – La haine



Fuente: Agustín Morán