El crimen de Luciano Enrique Romero Molina conmovió́ al movimiento sindical y en general al movimiento popular en Colombia. El nivel de violencia registrada en su humanidad solo es entendible al abordar históricamente los actos de violencia estatal contra los movimientos que defienden la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Pasado diez años del execrable crimen el balance de búsqueda de verdad y justicia es desmotivador, salvo algunas condenas a los autores materiales, los hechos permanecen en total impunidad en la medida que ninguna institución del Estado ha sido investigada y menos, procesados los directivos de la transnacional Nestlé.

La terquedad de Sinaltrainal y el valor de Ledys y sus hijas, sumado a la solidaridad desde los pueblos, ha permitido que lo ocurrido a Luciano se convierta en un reto de construcción colectiva de memoria en perspectiva de subvertir las estructuras que confrontó dignamente Luciano con su vida.

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El Estado capitalista, como forma de organización política propia de la burguesía para defender los intereses del poder fnanciero tras- nacional, ha buscado consolidar un control hegemónico económica, política, socialmente y culturalmente; imponiendo con el terror de las armas un modelo de control colonial a su servicio.  “La modalidad del control colonial actual varía en la región según las diferentes circuns- tancias geopolíticas, pero insistimos en lo siguiente: “en toda la Patria Grande, conforme al modelo de sociedad excluyente, tiene como obje- tivo común el montaje de un violentísimo aparato estatal represivo de control punitivo masivo de la población excluida”. El poder fnanciero transnacional no se equivoca en sus objetivos aunque, como se mueve ideológicamente, a veces yerra en el plano de la realidad social. Tanto en el centro como en la periferia –es decir, en ambas puntas del poder hegemónico planetario-, proyecta su modelo de sociedad excluyente”. (zafaroni, 2015). La estructura del aparato represivo de control prevé la violencia an- tisindical como elemento fundamental para la consolidación del po- der fnanciero trasnacional, desconociendo los límites impuestos por los Derechos Humanos y de los pueblos, los derechos laborales, y por supuesto el derecho ambiental.  Así esta práctica se ejecuta en Colom- bia como un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento sindical ejecutado por una estructura organizada de poder que garan- tiza impunidad para sus más altas esferas. La dinámica represiva frente al movimiento sindical se da de ma- nera diversa. Desde la institucionalidad del Estado a través de la es- tigmatización y judicialización de la actividad sindical, el desconoci- miento de la progresividad de los derechos laborales, la precarización del trabajo y en síntesis la puesta del Derecho en favor de los intereses de las grandes corporaciones, en su mayoría extranjeras.  Pasando…..