Siguiendo con su política de impedir toda crítica contra el gobierno de Ortega-Murillo, la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua votó el 12 de diciembre el retiro de la personería jurídica del Centro Nicaragüense de los Derechos del Hombre (CENIDH).
Esta medida adoptada de manera expeditiva, y en violación de las reglas administrativas en vigor en el país, constituye un nuevo paso adelante en la restricción de las libertades democráticas y acentúa la deriva iniciada en los últimos ocho meses hacia un estado policial.
Esta medida adoptada de manera expeditiva, y en violación de las reglas administrativas en vigor en el país, constituye un nuevo paso adelante en la restricción de las libertades democráticas y acentúa la deriva iniciada en los últimos ocho meses hacia un estado policial. Esta medida, que afecta también a la organización política “Hagamos Democracia”, y que ya había sido tomada con la ONG “Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud” (dirigida por Ana Quirós, ciudadana nicaragüense de origen costarricense expulsada del país hace poco), y con el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas – IEEPP, se inscribe en la generalización de una estrategia cuyo objetivo es criminalizar sistemáticamente las formas de oposición colectivas o individuales. Esto comenzó con la ley antiterrorista que se adoptó en julio, y que sanciona con graves penas de prisión tanto el apoyo como el financiamiento de toda manifestación considerada en apoyo de una supuesta tentativa de desestabilización del régimen. Fue seguido por la obligación de pedir autorización para manifestar, sabiendo que esta autorización es siempre denegada, como ya lo ha sido en diversas ocasiones. La última solicitud de manifestar fue presentada justamente por el CENIDH el 10 de diciembre, con motivo de la conmemoración, como se hizo en muchos países, de la declaración universal de los Derechos humanos.
Creado a principios de los años 1990 por la señora Vilma Núñez de Escorcia, ex vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno sandinista en los años 1980, el CENIDH es el principal organismo de defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Acompañó a muchísimas víctimas cuyos derechos humanos fueron atacados en ciudades y en el campo, cualquiera que fuese su sensibilidad política, y se enfrentó a todos los gobiernos que se sucedieron en Nicaragua en los últimos 25 años.
Las falaces razones administrativas invocadas contra el CENIDH, así como la acusación de “delincuente” proferida contra la Dra. Núñez de Escorcia, presidenta de la organización y de 80 años de edad, podrían provocar risa si no se inscribieran en un contexto de represión generalizada en virtud de la cual más de 500 personas están en estos momentos en prisión por razones políticas.
Recordemos igualmente que otras dos organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos: la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos – ANPDH y la Comisión Permanente de los Derechos Humanos – CPDH, también sufrieron represalias. Así, para protegerse de estas amenazas, la CPDH fue obligada a cerrar sus oficinas en Managua, mientras que uno de los principales representantes de la ANPDH, testigo de los abusos cometidos por la policía y las fuerzas parapoliciales en la ciudad de Masaya durante el mes de julio, fue obligado a dejar el país para proteger su vida. Además, distintas organizaciones internacionales emanadas de la Organización de Naciones Unidas – ONU, o de la Organización de Estados Americanos – OEA, se han visto sistemáticamente impedido el acceso a las informaciones y/o locales (prisiones, tribunales, morgues, hospitales) que permitirían verificar la situación de personas muertas, heridas, detenidas o desaparecidas durante las movilizaciones que estallaron a mediados de abril y la represión que siguió.
Finalmente, el 13 de diciembre, la furia de los parlamentarios fieles al régimen se desató contra otras cinco ONG: la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS); el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE) – fundado por el ex ministro de la Reforma Agraria Jaime Wheelock—; la Fundación del Río; el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)—cofundado por Carlos Fernando Chamorro, ex director del diario Barricada y actual director del periódico en línea Confidencial—; y la Fundación Popolna—dirigida por la Comandante de la Revolución Sandinista Mónica Baltodano—se han visto igualmente privadas de su existencia legal.
Esta decisión fue seguida inmediatamente por medidas concordantes: a primera hora del 14 de diciembre, la policía se introdujo por la fuerza en los locales de varias de las organizaciones sancionadas, así como en los locales de Confidencial y procedió al saqueo de las instalaciones, con la voluntad evidente de intimidarlas y privarlas de los pocos recursos de los que disponen para hacer oír su voz.
Las organizaciones abajo firmantes denuncian vigorosamente este nuevo atentado contra las libertades colectivas e individuales, que tiene por único objetivo dejar sin defensa a la ciudadanía contra los repetidos abusos del poder. Es por eso que ellas exigen: El restablecimiento, de la personería jurídica para todas las organizaciones que fueron despojadas de ella y el fin de la estigmatización de lxs defensorxs de los derechos humanos, de los periodistas y de los ciudadanos críticos del régimen. La revocación de la ley antiterrorista, la garantía del derecho a manifestar, la liberación de todxs lxs prisionerxs políticxs, el fin de la impunidad hacia los responsables de los crímenes cometidos.
Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas
Fuente: Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas
