Artículo de opinión de Rafael Cid
El <<principio de contradicción>> es un axioma del derecho procesal. No hay justicia imparcial sin tener en cuenta las posiciones divergentes de las partes. Acusación y defensa forman el núcleo legal sobre el que se establecen los hechos probados, los fundamentos de derecho y el fallo consiguiente, que normalmente implica la responsabilidad de uno de los dos actores representados. Y ello porque se parte de un pleito inherente en origen. La disputa, el enfrentamiento a valorar, entre los litigantes.
El <<principio de contradicción>> es un axioma del derecho procesal. No hay justicia imparcial sin tener en cuenta las posiciones divergentes de las partes. Acusación y defensa forman el núcleo legal sobre el que se establecen los hechos probados, los fundamentos de derecho y el fallo consiguiente, que normalmente implica la responsabilidad de uno de los dos actores representados. Y ello porque se parte de un pleito inherente en origen. La disputa, el enfrentamiento a valorar, entre los litigantes.
Un esquema de regulación social de los conflictos que por su propia naturaleza implica desconcierto. De ahí que resulte una incongruencia llevar ese planteamiento adonde la política se articula como expresión directiva de la voluntad general. Precisamente el know-how político del Ejecutivo español integrado por PSOE y UP. Nominalmente es un gobierno de coalición, pero en la práctica del año que lleva en ejercicio se ha manifestado sobre todo como un <<gobierno de contradicción>> mal avenido. Una pata del Ejecutivo, especialmente la que sigue a Pablo Iglesias, acostumbra a discrepar públicamente de las actuaciones de la otra.
¿Pero cabe realmente un antagonismo en un gobierno? Para nada, y además es imposible. Por mucha bronca y aspavientos que unos y más otros hagan, las decisiones Consejo de Ministros son colegiadas. O sea, están asumidas por todos los miembros del Gabinete. Decir <<me opongo>>, <<no estamos de acuerdo>>, es una falacia y una tomadura de pelo, desde el momento en que todos sus componentes son igualmente corresponsables. Uno para todos y todos para uno. Incluso aunque se dé el caso, como ocurre aquí, de que los líderes de los partidos coaligados hagan doblete. Son a la vez juez y parte, en tanto fungen como secretarios generales de sus respectivas formaciones y mandatarios en el Gobierno.
Ese fraudulento don de la ubicuidad, que con tanto desparpajo practican desde Unidas Podemos, es un juego de trileros, aunque lo vistan de juego de tronos por aquello de su tendencia cultural a las series. Amparados por el altavoz de los medios de comunicación adictos, permite socializar perdidas y privatizar ganancias. Cuando la producción gubernativa satisface y encumbra sus intereses partidistas, abren la muralla y sacan pecho (Ingreso mínimo vital, ampliación del permiso laboral para crianza de hijos; ley de Eutanasia, etc.), y cuando entienden que les deja en entredicho, cierran la muralla, y entonan un cínico <<no nos representan>> (pensiones, Sahara, venta de armamento, migrantes, alargamiento de la vida nucleares, etc.). De esta forma pueden ser a la vez gobierno y oposición, estar en misa y repicando. Basta con calzarse la consigna de Jack Lemmon en Primera Plana:<<nunca dejes que la realidad te estropee una buena historia>>.
El último capítulo de esta opereta ha consistido en la trola esgrimida para justificar la subida de la factura de la luz en casi un 30% en este gélido mes de enero. Cada rama del Ejecutivo, dada la impopularidad del tema, ha salido por peteneras. Incluso recurriendo a simples y burdas mentiras. La portavoz socialista Montero (María Jesús), fantaseando una prohibición inexistente de Bruselas sobre el IVA, como ya ocurriera con las mascarillas anti Covid-10, sin temblarla la voz. Y su colega y tocaya Montero (Irene) de Unidas Podemos, reconociendo la inacción del gobierno al respecto, como si ella nada tuviera que ver con el sostenella y no enmendalla del Gabinete donde ostenta la cartera de igualdad. Los líderes de ambas formaciones tronaban contra el <<gobierno antisocial>> del Partido Popular cuando en la etapa de Mariano Rajoy el alza de la luz trepó un 8%.
Sin duda, hay un método en su desvergüenza. No quieren prescindir del provechoso negocio que supone unos ingresos fijos del 21% vía impuestos sobre el precio del consumo de energía que soportan decenas de millones de hogares (somos el tercer países de la UE con IVA más alto y el quinto con el coste de la luz más caro en el tramo de hogares). Es el efecto <<gobierno de contradicción>>. Por un lado, abre la muralla, alardeando de proteger a los más vulnerables al prohibir cortar el suministro mientras esté vigente el estado de alarma, y por otro prorrateando al bolsillo del resto de los abonados esa merma de recaudación que la disposición supone para las eléctricas. Mientras, los superdesprotegidos y archinecesitados del mayor asentamiento irregular del continente, la madrileña Cañada Real, siguen a oscuras y tiritando, con la excusa de que hay desaprensivos que tienen conexiones ilegales a la red.
Semejante alienación autoinducida, fruto de la codicia de poder, alcanza su inaudito clímax en la insípida figura de un Salvador Illa capaz de asimilar una realidad paralela y un desdoblamiento de personalidad sin incurrir en esquizofrenia severa (aparentemente). Con la gorra de ministro de Sanidad afirma que estamos ante una tercera ola del coronavirus tan preocupante que alcanza el mayor número de contagios de la pandemia, y con la de candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, que no hay motivo para aplazar los comicios. Vive en paz con los intereses de su partido y en guerra con sus entrañas. Ciertamente, nada en la ley dicta que durante el estado de alarma deban posponerse las votaciones, algo a lo que el grupo socialista se opone rotundamente. Lo que ocurre es que el gobierno al que Illa pertenece autorizó la suspensión momentánea de las autonómicas en el País Vasco y Galiza en la segunda ola. Además, en contra de lo que dicha norma establece, durante el confinamiento el gobierno de coalición-contradicción permitió el cierre temporal del Congreso de los Diputados y de todos los Tribunales de España. Un apagón en toda regla del legislativo y del judicial, alfa y omega respectivamente de la soberanía popular y de la tutela judicial efectiva.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
