Desde hace meses estamos asistiendo a decisiones del Gobierno, tanto central como autonómicos, que tienen como objetivo la liquidación de servicios públicos esenciales en la sociedad. Así ocurre con la privatización de la sanidad o la educación y, en estos momentos, con las Radio Televisiones Públicas, auspiciada por el cambio legislativo del actual gobierno, que supuso la modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, abriendo las puertas a la gestión privada.
