La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz expresó que esta práctica es una consecuencia de los testimonios de informantes.
Por ello pidieron al presidente colombiano, Alvaro Uribe, revisar la política de «seguridad democrática», que contempla la lucha frontal contra los grupos guerrilleros, incentivos a los rebeldes para que deserten y se reinserten en la sociedad y la colaboración ciudadana con redes de informantes anónimos.
Según Agustín Jiménez Cuello, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el año pasado fueron detenidas 4.846 personas acusadas de colaborar con redes guerrilleras y aseguraron que los casos de 3.939 fueron «arbitrarios» y 3.750 ya están libres, ya que no se les comprobaron hechos delictivos.
Algunas de estos arrestos de 50 o más personas se efectuaron el año pasado en la zona petrolera de Arauca y hace dos semanas en Chaparral (Tolima, oeste), donde quedaron detenidos comerciantes, enfermeras, veterinarios y transportistas, por su presunto apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Lilia Solano, integrante de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, subrayó que «la política de ’seguridad democrática’ está atiborrando las cárceles de gente inocente».
«A nuestro modo de ver se trata de acabar con la oposición» manifestó el abogado Eduardo Carreño, directivo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Carreño dijo que en las detenciones colectivas «se presenta a los detenidos como colaboradores de la guerrilla», lo que les provoca daños irreparables cuando quedan libres por falta de pruebas.
«En algunas zonas, una vez la población es criminalizada, el territorio es copado por la fuerza pública y después queda en manos del paramilitarismo», señaló.
Los denunciantes criticaron «el papel» de la Fiscalía General de la Nación y dijeron que «es inexplicable que se hagan detenciones masivas y aparezcan las órdenes de detención después sin presencia de fiscales».
Las ONG, en un documento entregado a la prensa, consideraron que en Colombia se está librando «una guerra ideológica sistemática, donde la población se ubica como objetivo fundamental de legitimación» y se la usa como «medio de guerra».
Afirmaron que, así como en el aspecto económico se decretan nuevos impuestos, «en el político o se pretende descalificar al enemigo y presentarlo como terrorista o narcoterrorista».
«Todas estas estrategias de guerra buscan deslegitimar, aislar al enemigo a como dé lugar», puntualizaron.
Par : Miguel
