El 30 de abril de 2011 fue publicado en el BOE el Real decreto 557/2010, de 20 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, conocido comúnmente como Reglamento de Extranjería, y que entrará en vigor a los dos meses de su publicación.
Para la CGT este nuevo reglamento de extranjería es un instrumento más de discriminación y criminalización a la población migrante.
Ello,
en
primer lugar,
porque es el desarrollo de la última reforma de la ley de
extranjería, una reforma llevada a cabo en diciembre de 2009 y que
supuso una de las mayores rest
Ello,
en
primer lugar,
porque es el desarrollo de la última reforma de la ley de
extranjería, una reforma llevada a cabo en diciembre de 2009 y que
supuso una de las mayores restricciones de derechos a la población
migrante de la historia. Cabe recordar que la
reforma suponía
la limitación del derecho a la reagrupación familiar, el aumento
del tiempo de reclusión en los Centros de Internamiento, el grave
endurecimiento de las condiciones de acceso a la justicia gratuita o
el incremento del régimen sancionador.
Pues bien, ya que el Reglamento supone el desarrollo de la Ley de
Extranjería no hace sino apuntalar estas restricciones de derechos
operadas en la última reforma.
En
segundo lugar,
es un Reglamento muy confuso y complejo: 266 artículos, 101 más que
el anterior y 25 disposiciones adicionales dan cuenta de su
extensión. Este hecho origina un sistema muy complejo de
autorizaciones de residencia nunca vista hasta ahora que conforman un
abanico que va desde el inmigrante
poco
cualificado
que
renueva su permiso a duras penas y donde son todo trabas y obstáculos
en el camino, hasta el inmigrante
altamente
cualificado
al que se le ofrecen ciertas facilidades para establecerse en España.
El Gobierno aprovecha el actual contexto de crisis económica y no
esconde su apuesta por priorizar la contratación de trabajadores
nacionales, aunque para ello deba vulnerar derechos de las personas
migrantes.
En
tercer lugar,
el Reglamento destaca por la inclusión de nuevos conceptos jurídicos
indeterminados que producirán con total seguridad una mayor
discrecionalidad por parte de la administración. Conceptos tales
como el de “esfuerzo
de integración”
nos recuerdan a las políticas de extranjería de la derecha
europea,
como los programas de Instrucción en Holanda, o el contrato de
Integración de la Francia de Sarkozy.
En
definitiva, el Reglamento es una medida más para hacer pagar la
crisis de origen financiero e inmobiliario a la clase trabajadora y a
los que menos tienen. Por
todo ello, CGT se opone al reglamento y seguirá luchando por la
defensa de los laborales y sociales de la clase trabajadora ya sea
nacional o extranjera.
Secretaría
de Acción Social – Comité Confederal
Fuente: Secretaría de Acción Socia CGT
