« Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. »
(cita bíblica)
A inicio de 2010, los principales datos sociales en el estado español son realmente abrumadores : más de cuatro millones de personas desempleadas (20 % de la población activa) y en aumento, duplicando la tasa de la UE ; precariedad generalizada, con más de un tercio de los ocupados con contratos temporales, y una protección social que no deja de disminuir, 21,1% del PIB (23,4% en 1993), que retrotrae la diferencia con la eurozona (de media, un 27% del PIB comunitario) a los tiempos del final de la dictadura franquista.
Y todo ello a pesar de los estímulos como la aplicación de la Ley de Dependencia o las importantes partidas adicionales, destinadas al subsidio de desempleo, ante el espectacular incremento del número de parados. Mientras tanto, y a pesar de la montaña de dinero puesta a su disposición, los bancos mantienen el crédito congelado, destruyendo el tejido productivo y generando paro, y continuando con la obtención de grandes beneficios especulativos, en línea con otras grandes empresas del país, sin que gobierno alguno haya osado ponerles la más mínima traba.
Esta es la factura de la crisis, a cargo de los trabajadores y trabajadoras del estado español, y también es la credencial con la que accede el gobierno de Zapatero a la presidencia semestral de la Unión Europea. Si alguien albergara la más mínima esperanza de que esta presidencia de turno, gobernando un partido que se dice socialista y obrero, aportara un punto de inflexión en beneficio de los trabajadores, la puede ir desechando. La construcción europea siempre la hemos pagado los de abajo, y en el caso español con especial rigor : en los años 80 y con el gobierno de González, la entrada en la UE supuso la desertización industrial, y España se convirtió en un país de servicios, el camarero de Europa, parado o temporal. En los noventa se dio una vuelta de tuerca más, y el cumplimiento con Maastricht fue a cargo de más paro, más contratos basura, graves recortes del gasto social y privatización masiva de servicios públicos. Finalmente, la introducción de la moneda única, aparte de un severo encarecimiento de la vida para la población, se saldó con pérdida de más derechos, especialmente por la vía de recortes del gasto público. Los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, han obedecido siempre a los mismos dictados, y la actual presidencia española de la UE no será una excepción : el programa ha sido consensuado entre esos dos partidos, a los que se les han añadido la derecha nacionalista de CiU y PNV.
La reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, impuesto sin consulta a los ciudadanos, con la excepción del “error corregido” irlandés, sitúa al gobierno de Rodríguez Zapatero ante su principal “tarea” presidencial : consolidar un entramado dirigente, carente de legitimidad democrática. La Comisión Europea, presidida por Durao Barroso (el mismo que en su día ejerció de anfitrión en la “cumbre de las Azores”, de Bush, Blair y Aznar, para la invasión de Irak), y con graves sospechas de corrupción sobre varios de sus miembros, elige a Joaquín Almunia como “hombre fuerte” (vicepresidente y comisario de la competencia), un burócrata colocado en Europa después que, encabezando las listas del PSOE en 2000, hiciera posible la mayoría absoluta de Aznar. El reciente nombramiento de la presidencia permanente, encabezada por Van Rompuy (¿quiénes, cómo y para qué han elegido a ése ?), es la última pieza del montaje institucional de la UE, cada vez más alejado de la ciudadanía. Mientras tanto, organismos como el Banco Central Europeo, fuera del más mínimo control democrático, seguirán dictando la política monetaria al gusto de las grandes fortunas, e inyectando dinero público para salvar banqueros y grandes empresas.
Esa es la fórmula para salir de la crisis compartida por Zapatero, y ese es el proyecto de Europa que defiende. Un proyecto que va derivando peligrosamente hacia un engendro antisocial. Es en este espacio europeo donde circulan libremente las transacciones especulativas del capital, pero donde se impide el derecho humano a la libre circulación de las personas. Las medidas racistas, como la “directiva de la vergüenza”, y los gobiernos que las aplican, provocan miles de muertes en las pateras y en las fronteras, y graves agresiones a los derechos humanos en conflictos preñados de xenofobia. Es en esa Europa del capital donde las conquistas laborales son sacrificadas, mediante el aumento de la productividad y la destrucción de empleo, en el altar de la “flexiseguridad”, y desde donde se gobiernan nuestras vidas mediante otras directivas (Bolkestein, 65 horas, Bolonia, etc.), orientadas exclusivamente a la obtención del beneficio, a la privatización de servicios, a la mercantilización de la enseñanza, al recorte de los derechos de los trabajadores y de los pueblos de Europa, y a la destrucción del medio ambiente.
La estructura de la Unión Europea ha sido diseñada como instrumento para fortalecer las reglas de juego del gran capital, sin descartar su faceta más agresiva, la del dominio militar. Va cayendo progresivamente la careta de un supuesto “pacifismo”, alternativo al modelo norteamericano. De hecho, la ampliación de la UE a los 27 ha supuesto, para muchos de los países del este europeo, transitar por la antesala del ingreso previo en la OTAN. Los proyectos de la industria armamentística (casi todos, por cierto, con participación española) cada vez tienen más espacio en la agenda europea : “Eurofighter”, “Airbus A-400”, “Tifón”, etc., y las intervenciones de agresión neocolonial a los países del sur, bajo eufemismos como “acceso a los recursos energéticos globales” (Somalia, Afganistán…), jalonan los discursos agresivos de dirigentes como Ángela Merkel. Mientras tanto, cada vez es más evidente la incondicional sumisión europea a los dictados del Pentágono, a la agresión sionista sobre el pueblo palestino o a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.
No parece, por tanto, que los trabajadores y los ciudadanos, tanto europeos como del resto del mundo, podamos esperar nada positivo de la presidencia española, ni tampoco de la propia Unión Europea. Las organizaciones sociales que se han venido mostrando más activas contra esta Europa del capital y la guerra, ya han empezado a obrar en consecuencia, y se están coordinando esfuerzos para oponer, a ése modelo de Europa que nos imponen, “la solidaridad entre los pueblos, entre las distintas luchas y entre las personas”, con un amplio calendario de movilizaciones a favor de los derechos sociales, a lo largo del semestre. El número de entidades convocantes no para de crecer, así como las acciones a desarrollar. De hecho, si alguna ventaja tiene la presidencia española de la UE, es la oportunidad de poner en escena todo un calendario de “cumbres alternativas” opuestas a las convocadas “oficialmente”, en el Estado Español, a lo largo de estos seis meses : energía y medio ambiente (Sevilla) ; trabajo (Barcelona) ; defensa (Palma) ; América Latina y Caribe, Afganistán, etc., en la cumbre UE-EEUU (Madrid) ; agricultura (Mérida), etc., son sólo parte de las citas previstas. De la fuerza social que seamos capaces de generar en ellas depende, en gran medida, el futuro de todos y todas.
Pep Juárez,
Secretario de Acción Sindical de CGT-BALEARS.
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