El pasado domingo 21 de septiembre, la sección Defensor del Lector del diario El País estaba dedicada en su integridad a justificar la manipulación de un artículo que el historiador Francisco Espinosa, uno de los promotores del proyecto Todos Los Nombres, el más importante censo de víctimas de la dictadura en Andalucía, había publicado once días antes en esa tribuna. Alteración del texto que, a decir del escritor en carta que había circulado extensamente en distintos medios alternativos, mutaba el sentido de su exposición, pues convertía lo que no era una prioridad en la actividad de las asociaciones de memoria histórica que han asumido el reto de sacar a la luz el genocidio franquista en una rotunda manifestación de indulgencia plenaria hacia los responsables de aquellas masacres.
El escrito original afirmaba : “El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no son los responsables de los crímenes cometidos ni montar otra Causa General ahora de signo contrario”. Lo publicado por El País puntualizaba : “El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos”. Una leve adenda que ponía el énfasis en la aparente asunción del principio de impunidad por parte del historiador Espinosa en flagrante contradicción con la literalidad del trabajo y de lo que ha sido la posición pública del investigador en esa causa.
Sin embargo, y a pesar de las cumplidas y exhaustivas excusas que el periódico ofreció en esa edición (días antes había publicado una fe de erratas), la tesis de “no descubrir ni mucho menos castigar –término pelín cursi para un episodio tan atroz- a los responsables de los crímenes” ahondaba en la línea de opinión que ese mismo día defendía EL País en torno al tema. Porque no otra cosa postulaba también en su columna habitual el prestigioso historiador Santos Juliá, al que el propio Espinosa identifica entre el grupo de “profesores, funcionarios y periodistas (…) que se incorporó al PSOE en julio de 1891 (De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar. Hispania Nova. Separata, nº 7, año 2007). Bajo el título “Inventariar todos los muertos”, Juliá ponía broche académico al gazapo que los duendes de la imprenta habían colado en el artículo de su colega, con la lectura subliminal de que la transición que devino en democracia coronada había cerrado para siempre jamás ese agujero negro de nuestra reciente historia. Una especie de offshore de la memoria. Era, por lo demás, el mismo registro ideológico que el domingo anterior esgrimía otro eminente catedrático, José Álvarez Junco, en una extensa entrevista publicada por el diario de la calle Miguel Yuste.
¿Simple coincidencia o conflicto de intereses ? Habitualmente El País ha esgrimido un inteligente rechazo de las posiciones comprometidas con la recuperación exigente de la memoria histórica antifranquista, porque antifranquista es la identidad que reivindica la reparación no retórica de los crímenes de la dictadura. Aunque, como corresponde a un medio de su importancia y prestigio El País siempre acogió en sus páginas opiniones divergentes (Carlos Castresana, Joan J. Queralt y José Antonio Martín Pallín, entre otros), la masa crítica del rotativo, su intelectual orgánico, expresada través de sus editoriales y analistas de cabecera, ha estado sindicada con la defensa de la Monarquía Juancarlista y la necesidad de pasar página sobre aquel oprobio tras una medida reparación moral. Y lo que es más importante, la defensa del statu quo democrático en El País ha sido liderada por periodistas e intelectuales de izquierda procedentes de la cantera comunista (Javier Pradera, Josep Ramoneda, Antonio Elorza, etc., cada uno a su tiempo y manera, pero todos con un notable rigor en sus respectivos pronunciamientos). Una breve visita a su hemeroteca ilustra y pone en valor esta perspectiva.
El 20 de noviembre de 2005, Javier Pradera, factotum ideológico del diario desde su fundación, escribe una columna de opinión (La huella del régimen) en la que se marca el perímetro de actuación de El País en el tema de la recuperación de la memoria y su colusión con la Monarquía. Decía así :
A reseñar que, en esta ocasión, el homenaje de El País era al Rey preconstitucional que asumió la Jefatura del Estado tardofranquista el 20 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador, en un acto ante las Cortes en el que, tras jurar cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional, Juan Carlos proclamaba refiriéndose a su antecesor :
El 27 de septiembre de 2007 es el analista político Josep Ramoneda quien, en un artículo semanal (Fuego sobre la Corona), y tras calificar de “jóvenes con dudas existenciales propias de la época de formación de la personalidad” a quienes había sido imputados por la fiscalía por quemar fotos de la familia real, y de “gratificante gamberrada que te lleva a la portadas de los telediarios y los periódicos” el acto que les convirtió en reos de la Audiencia Nacional, explotaba una de los mejores filones para acreditar a la Monarquía al residenciarla en el punto de mira de la ultraderecha, el revanchismo falangista y la caverna nacionalcatólica. Decía así :
El 3 de octubre de 2007, con gravedad inusitada, y a raíz del secuestro de la revista satírica El Jueves, en un editorial de El País (Acoso real) podía leerse esta especie de aviso para navegantes :
El 17 de noviembre de 2007 Santos Juliá, como poniendo el colofón de legitimidad carismática a la figura de Juan Carlos, venía a sugerir (El poder del Rey) que tras el intento de golpe de estado la Monarquía había superado el poder simbólico y ganado la autonomía funcional.
Ciertamente nada de esto empaña las evidentes e innumerables virtudes del periódico de El País y la más que probada profesionalidad de su plantilla. Pero al mismo tiempo, su capacidad de influir en la opinión pública (¿o no son El País y la opinión pública la misma cosa ?) no debe impedir refutar los principios ideológicos que informan al medio de referencia que algunos han denominado
Sin duda sus razones tendrá Javier Pradera para tildar de “necedad” y “solemne tontería” la versión del pacto del olvido como motor de la transición (La guerra que no cesa, 7 de septiembre de 2008). Aunque con ello a su vez olvide que el propio Felipe González ha reconocido públicamente que una promesa semejante hecha al general Gutiérrez Mellado fue lo que más le costó aceptar durante su mandato, y que se debe también al PSOE la reforma del código penal que brinda a la Familia Real, en línea ascendente y descendente, frente a ataques de opinión. Y todo esto porque a 72 años de la guerra y 33 de la Constitución unos cuantos “jaraneros y alborotadores” ya no se contentan en los hechos con que les cuenten cómo pasó desde el mismo pulpito.
El silogismo de la verdad, partiendo del arsenal intelectual de El País, sería más o menos el siguiente : hubo un pacto por el que se intercambiaron “libertades” por “Monarquía” ; el 23-F hizo olvidar los antecedentes franquistas del Rey, luego es una “solemne tontería” poner en peligro las libertades removiendo aquel legado de crímenes y humillaciones con la trasnochada memoria histórica.
¿Significa eso que el camino hacia la recuperación de la memoria de los vencidos alumbra una ruptura democrática ?
Fuente: Rafael Cid
