La Junta de Andalucía chantajea al profesorado público para apoyar el “sí” al plan de incentivos de 7.000 euros. Una vez mediado el proceso de consultas que establece la orden que regula el programa de incentivos al profesorado andaluz, que tiene por titulo “Calidad y mejora de los rendimientos escolares”, la Consejería de Educación ha visto con extrema preocupación cómo el rechazo a dicha iniciativa se hacía mayoritaria entre el profesorado andaluz.
Igualmente, la creación de un frente sindical contra la misma compuesto por CGT y otros sindicatos ha supuesto el llamamiento a los sindicatos firmantes del acuerdo (UGT, CSIF, ANPE y sobre todo CCOO) a que neutralicen los argumentos que están haciendo posible que más del 80 % de los claustros hasta este momento se hayan sumado al “no”.
El rechazo mayoritario de los profesores se sostiene en la indignidad de la propuesta, que lejos de establecer bases sólidas para mejorar la enseñanza en los centros educativos, pretende orientar el fracaso escolar hacia el profesorado, de ahí que la única medida sea ofrecer “más dinerillo”.
De hecho, cuando los abogados de CGT iniciaron el estudio de la orden, con el encargo de recurrirla, tuvieron que releer el texto varias veces, ya que de entrada y gracias a la propaganda mediática, parecía que pretendía dar dinero al profesorado. Estos mismos abogados, en cuanto entraron en el fondo de la orden, no tuvieron más que concluir que era perversa, ya que pervertía los honorables fines con la aplicación de una trampa saducea que ponía al profesorado como el responsable único del fracaso de las múltiples y erráticas políticas educativas que ha venido adoptando la Consejería de Educación socialista en los últimos 20 años.
A medio camino del proceso de consultas, que termina el día 31 de marzo, está provocando el nerviosismo de la Junta de Andalucía ante la constatación del triunfo sin paliativos del “no” a la oferta de la Consejería y el “sí” a la inmediata puesta en marcha de medidas reales que mejoren los resultados escolares (disminución de ratios, coberturas de bajas inmediatamente, aumento de recursos económicos para los gastos de funcionamiento de centros, mayor dotación de profesorado y otro personal especializado, etcétera).
Esta situación ha provocado que la semana pasada la Consejería de Educación haya puesto en marcha una maniobra que supone un chantaje al conjunto de centros que aún no habían celebrado sus claustros para decidir si participaban o no en la convocatoria para recibir incentivos económicos. La Consejería y los sindicatos firmantes del acuerdo hacen pública una nota en la que informan que el criterio para dotar de profesores extra a los centros el próximo curso será el haber aceptado la oferta de la Consejería.
Esta decisión, que bien podía recoger la orden en su momento, se produce para “animar” a los que quedan por decidir para que vean “otra ventaja adicional” de participar en este plan de incentivos.
La Confederación General del Trabajo va a recurrir este procedimiento por ser contrario a derecho y porque muestra claramente cómo el poder político usa (arbitrariamente) sus prerrogativas para chantajear al profesorado. Es más, deja en manos de las decisiones del profesorado aspectos de importancia para toda la comunidad educativa a la que ningunea.
Fuente: Rafael Fenoy
