Fuimos detenidas en un operativo de control de población en San Salvador Atenco, en mayo de 2006. La mayoría participábamos en “La Otra Campaña”, nos movilizamos sumando el hartazgo y la acción transformadora para cambiar el curso de la historia y el sistema de opresión que nos asfixia, ese fue el contexto de nuestra detención; un acto de guerra del Estado mexicano contra un movimiento civil y pacífico.
El operativo dejó como resultado una represión generalizada, la ocupación de los dos poblados por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, el asesinato de dos jóvenes y la detención arbitraria y tortura de 207 personas, incluyendo el uso de la tortura sexual contra un grupo importante de mujeres.
La tortura sexual es una forma de tortura diferenciada y basada en la discriminación por motivos de género en la que se violenta el cuerpo de las mujeres por medio de agresiones sexuales y, en México, presenta un patrón sistemático en contextos de detención, no importando la corporación policíaca o militar que la realice.
La tortura sexual trastoca todas las esferas de la vida de una persona, afecta sus ámbitos personales, culturales, ideológicos, afectivos, la forma de relacionarse socialmente; para nosotras la vida cambió cuando salimos de prisión, la forma en que percibíamos nuestros entornos era distinta, nuestra participación política ahora giraba en torno a la lucha contra la represión y a la tortura, a la libertad del resto de nuestras compañeras y nuestros compañeros que aún seguían en prisión, a la búsqueda de la justicia y al reconocimiento de la verdad, todo a través del testimonio. Por un lado estábamos convencidas que debíamos continuar con la denuncia social, también iniciar la denuncia jurídica, pero implicaba mucho dolor emocional y desgaste.
Estudiar la estrategia represiva nos llevó a entender lo ocurrido esos días, se trató de la alineación del aparato estatal para dar un golpe devastador a la organización gestada a partir de la SDSL y aquellas personas que luchan por la vida y la libertad, pero también, fungió como un parteaguas, como una cuña que introdujo un cambio drástico en la política de arriba, una vuelta de tuerca que implicaría la administración de la necropolítica como una forma de gobernar y comunicar el poder estatal a través de la paralegalidad, la represión política contra las que luchan y la represión social generalizada para el cuerpo social en su conjunto.
Sobre la búsqueda de justicia y reparación; la impunidad persiste
Como lo explicaba arriba, muy temprano desde la cárcel comenzamos la denuncia social, nuestra apuesta fue luchar contra el estigma y la vergüenza, reivindicar nuestro nombre y hacer uso de nuestra voz para explicar la estrategia represiva de control social, acuerparnos con nuestras compañeras y compañeros de la Sexta, tejer redes con organizaciones hermanas internacionales como CGT, recorrer el país haciendo frente a la desesperanza y el miedo, así, poco a poco, construimos colectivamente espacios de reparación que nos permitieron volver a sentirnos seguras.
Paralelamente padecimos una denuncia jurídica que nos ha costado mucho desgaste e incluso lágrimas de frustración. Por favor, no se malinterprete, no es que confiáramos en ellos o en su justicia, pero a veces nos sorprende cómo nos han llevado al límite del desgaste con artimañas y maniobras legaloides.
Denunciamos formalmente ante el ministerio público desde el mismo mayo de 2006, supimos que la investigación habría sido atraída por la Procuraduría General de la República, es decir, a nivel federal, así comenzaría el martirio que significa buscar justicia en México, paso de todo, revictimización, declaraciones expresas de la fiscal en el sentido de “no voy a investigar”, claro, su jefe el procurador Eduardo Medina Mora, es uno de los implicados por su participación en el diseño de los operativos y su puesta en marcha, antes de renunciar a su puesto la fiscal declinó la competencia de investigar los hechos a la Fiscalía del Estado de México.
Por todo lo anterior en abril de 2008, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para solicitar una investigación, en noviembre de 2011 se admite la petición de investigación y después de mucho batallar presentar pruebas y testimonios, la CoIDH emite su informe de fondo en octubre de 2015 encontrando responsable al Estado mexicano por la violación de derechos humanos en contra de las once mujeres que hemos dado esta pelea.
Después de mucha presión, el caso lo conoció la CoIDH y tras una audiencia pública en la que rendimos testimonio cinco sobrevivientes, obtuvimos el 28 de noviembre de 2019 una sentencia que encontró responsable al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos incluidas las detenciones ilegales y la tortura física, sexual y psicológica en contra de la once mujeres denunciantes.
Por fin, obtuvimos una sentencia casi cumplidos 14 años de la represión. Se preguntarán cómo hicimos para sostener esta lucha por tantos años, la respuesta resulta obvia en este punto, fue la fuerza de la solidaridad y el apoyo mutuo. Personas, colectivos y organizaciones nos acompañaron, nos hicieron fuertes, nos arroparon; también, nosotras potenciamos esa solidaridad fundando la Campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, que ahora integra a casi 30 mujeres sobrevivientes de diferentes regiones del país, con el objetivo de documentar y visibilizar casos de mujeres que valientemente denunciaron desde la cárcel la tortura sexual.
En abril de 2019, se dio por iniciada la implementación de la Sentencia por parte del Estado mexicano, ahora encabezado por el ejecutivo del Partido Morena, las medidas de reparación mandatadas por la CoIDH son varias, pero acá abordaré las que me parecen más relevantes y brevemente explicaré su avance de cumplimiento:
– Continuar e iniciar investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso.
Actualmente, la investigación está fragmentada, la Fiscalía del Estado de México se rehusó a entregar la investigación a la Fiscalía General de la República, así que, una vez más nos vimos en la necesidad de promover dos juicios de amparo y litigar por tres años, para conseguir una resolución judicial en el que se mandata a la Fiscalía estatal, remitir a la brevedad el expediente de su “supuesta” investigación. Medida sin cumplir con un avance mínimo de cumplimiento.
– Establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Política Federal y la policía del Estado de México.
La Policía Federal fue extinta para dar paso a la Guardia Nacional en el esquema de militarización de las tareas de seguridad y bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ese contexto, el Estado mexicano notificó formalmente a la CoIDH, que esta medida no era necesario cumplirla debido que esta institución cuenta con Órgano Interno de Control, el espíritu de la medida es que haya controles del uso de la fuerza desde un observatorio independiente que vigile las actuaciones de este cuerpo de policía militar. Medida sin cumplir, sin avance de cumplimiento.
– Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.
Esta medida es importante para nosotras poniendo empeño e insistencia para lograr la implementación de un Diagnóstico Nacional Sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres en México que tuvo resultados alarmantes, como lo previmos, el estudio arrojó que el 43,8% de las mujeres entrevistadas reportaron haber sido torturadas incluyendo actos de naturaleza sexual, el total de mujeres entrevistadas fue de 1280 que representa alrededor del 10% de las mujeres en condición de prisión en México. Se instaló el Mecanismo por fin, con fundamento en los lineamientos aprobados por las instituciones que lo integran. Esta medida está cerca de ser cumplida, sin embargo, se debe materializar en dictámenes que permitan a las mujeres sobrevivientes conseguir su libertad, reparación y justicia.
El momento de la presentación del Diagnóstico fue relevante en tanto que el Estado mexicano tuvo que reconocer la persistencia de la tortura sexual en todo el país, gracias a nuestra insistencia y la denuncia valiente de cientos de mujeres que desde las cárceles del país denunciaron lo que les ocurrió bajo custodia de agentes estatales.
Queda tanto por hacer, pero resulta reparador saber que en nuestra búsqueda de justicia y a fuerza de presionar el cumplimiento de la sentencia, tejemos redes con otras mujeres sobrevivientes, construimos juntas un espacio de acompañamiento y esperanza en medio de las peores condiciones, a pesar del encierro, seguimos construyendo puentes de solidaridad y apoyo mutuo.
Italia Méndez
Fuente: Rojo y Negro
