Sobreseída la causa contra los 8 denunciados del 15M San Pablo de Sevilla por las acciones en defensa del Centro Social La Soleá.
Se desconvoca la concentración de apoyo prevista para mañana viernes 29 de noviembre Los ocho miembros de la asamblea 15M San Pablo, de Sevilla, que iban a ser juzgados mañana viernes 29 de noviembre, tras una denuncia policial, por acciones en defensa del Centro Social La Soleá, acaban de recibir la noticia de que esta causa se ha sobreseído, por lo que no tendrán que comparecer ante el Juzgado y se ha suspendido, asimismo, la concentración de apoyo prevista en el exterior para ese mismo día.

Este viernes 29 de noviembre, a las 9.30 h, en los Juzgados del Prado de San Sebastián, iba a tener lugar el juicio contra 8 miembros de la asamblea 15M San Pablo de Sevilla, por las protestas que tuvieron lugar durante la ocupación del Centro Social La Soleá, tras aplazarse la primera fecha para la vista el pasado 25 de septiembre. Finalmente, la causa ha sido sobreseída y no habrá juicio alguno.

Este viernes 29 de noviembre, a las 9.30 h, en los Juzgados del Prado de San Sebastián, iba a tener lugar el juicio contra 8 miembros de la asamblea 15M San Pablo de Sevilla, por las protestas que tuvieron lugar durante la ocupación del Centro Social La Soleá, tras aplazarse la primera fecha para la vista el pasado 25 de septiembre. Finalmente, la causa ha sido sobreseída y no habrá juicio alguno. Numerosos vecinos de San Pablo e integrantes del movimiento protagonizaron en el pasado mes de abril acciones denunciando el abandono de un local y reclamando su devolución para usos sociales del barrio. A raíz de esos hechos, ocho miembros del 15M San Pablo fueron denunciados por la policía por “falta contra el orden público”. En esas concentraciones se reivindicó, junto con un gran número de vecinos, la recuperación del antiguo centro ADA, rebautizado en ese momento como “Centro Social La Soleá”, para usos sociales de todos los vecinos y vecinas del barrio de San Pablo. Según denuncian desde la Asamblea 15M San Pablo, este espacio, ubicado en la calle Fragua de Vulcano, s/nº, del citado barrio, «llevaba años abandonado y sucio, llegando a constituir un riesgo de salud pública para toda la zona». Según el Plan General de Ordenación Urbana, su uso es “educativo” y su propiedad, en los inicios, fue del Ministerio de Educación, siendo transferido después a la Junta de Andalucía. En el año 2006, deja de ser propiedad pública y pasa a manos privadas, «muy probablemente del entorno del Opus Dei». Según información de la Asamblea 15M San Pablo, sobre el edificio pesa actualmente un embargo por impago de un préstamo hipotecario de 250.400 euros y una deuda de aproximadamente 600.000 euros con la empresa constructora.  Debido al estado de abandono y suciedad del edificio, el 15M del barrio de San Pablo promovió en abril pasado una serie de acciones para reclamar la recuperación de este espacio para el barrio, en las que participaron gran parte del vecindario e incluso fueron apoyadas fehacientemente por más de 500 firmas. Los hechos denunciados por la policía sucedieron el 12 de abril. La Asamblea San Pablo señala que «ese día, ante la presencia de numerosas personas, miembros del 15M, vecinos, amigos, etc., apoyando de nuevo desde el exterior la ocupación del Centro para uso y provecho del barrio, acudió la policía como consecuencia de la denuncia de los directivos de la asociación ADA». Y añade que «para evitar conflictos, unos cuantos de los presentes intentaron de una manera pacífica y dialogante, explicar a la policía los motivos de la concentración de tantas personas defendiendo el Centro Social La Soleá”. En su relato de los hechos, explica que «la policía respondió de forma violenta intentando detener al compañero abogado del 15M. A partir de este momento, pidieron la documentación a muchos de los presentes y a ocho de ellos, incluyendo al abogado y según notificación posterior, los denunció por ‘faltas contra el orden público’. El relato de los hechos que figura en la denuncia está lleno de falsedades y mentiras». Paralelamente, pese a no haber habido ninguna filiación de los ocupantes según manifestó la propiedad en su denuncia de ese mismo día 12, a esos 8 compañeros identificados por la policía por concentrarse en el exterior del recinto también se les “adjudicaba”, sin razón ni prueba alguna, según esta Asamblea, la ocupación del espacio abandonado, citándoseles para declarar por esos hechos el mismo 29.   Estado actual del Centro ADA «A día de hoy, el edificio continúa en su mayor parte sin ser de utilidad, excepto por un pequeño espacio que ha sido cedido a RedMadre, una asociación con clara orientación antiabortista. Se trata, por tanto, de un espacio infrautilizado y sin prestar los servicios de carácter formativo que el barrio demanda y para el que está legalmente destinado», denuncian desde el 15M.    Desde esta Asamblea se insiste en que las acciones reclamando la devolución de este espacio al barrio de San Pablo contaron con el apoyo de numerosos vecinos, unos quinientos de los cuales dejaron constancia del mismo con su firma. Y ello, según sus propias manifestaciones, porque el abandono actual es un perjuicio para todos y un despilfarro inaceptable en un barrio con tantas carencias como éste.  Por último, destacan que los ocho denunciados, que iban a ser juzgados mañana viernes, «no son más que una representación, elegida sin ton ni son por la policía, del gran número de personas que reclamaron y siguen reclamando la devolución de este espacio para uso del barrio y que consideran su abandono una injusticia y un desprecio a todos los vecinos/as. Creemos, por tanto, que cualquiera de los que allí estuvimos podríamos haber sido denunciados y que el objetivo de la denuncia policial y juicio consiguiente es, fundamentalmente, acobardar a los vecinos para que no reclamen lo que consideran justo y  acepten resignadamente ‘el orden’ que nos imponen los poderosos».  Y concluyen: «Una vez más, las Fuerzas de Seguridad han actuado como fuerza represiva, poniendo el derecho a la propiedad de unos dueños que tienen el local abandonado desde hace años y no se preocupan por el perjuicio que causan al barrio, por encima del derecho de los vecinos y vecinas a la recuperación y uso social del mismo, más teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, que el local tiene asignado un uso educativo en el Plan General de Ordenación Urbana».  


Fuente: Asamblea 15M San Pablo-Sevilla