Mediante la RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se conceden subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado y de participación de asociaciones en las actividades educativas complementarias y extraescolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2009/2010.
La consejería de Educación aprueba aportar a 151 asociaciones, de las más de 350 solicitantes, fondos por valor de casi 300.000 euros que se destinarán a “mal pagar” a profesionales o “voluntarios y voluntarias” para que desarrollen actividades complementarias y extraescolares con alumnos y alumnas andaluces.
CGT viene denunciando esta práctica que supone en realidad una “subcontratación fraudulenta” con la consiguiente destrucción de empleo estable y de calidad.
Es evidente la buena intención de la inmensa mayoría de estas asociaciones que desean ofrecer al alumnado de su entorno actividades que de otro modo no se realizarían. Pero ciertamente este tipo de iniciativas provoca que la Consejería de Educación, responsable de ofertarlas con criterios de calidad y estabilidad al personal que debe realizarlas no lo haga. Con ello la Consejería evita la contratación de personal necesario. Según el cálculo realizado por CGT para que un centro desarrolle durante tres horas un taller durante los 80 días lectivos (dos semanales) se requiere no menos de 4800 euros.
Es evidente que las subvenciones que no alcanzan como media los 2000 euros están muy por debajo de esta cifra indicativa. Las actividades de Voluntariado rozan con mucha frecuencia el ámbito laboral de manera fraudulenta. CGT ha venido denunciando el convenio de colaboración de la Consejería de Educación con la Asociación Save de Childrem para atención educativa del alumnado enfermo que debe recibir clases en su domicilio, precisamente por esta actividad fraudulenta que destruye empleo legal. Precisamente esta Asociación ha enviado comunicados a los medios de comunicación publicitando el reclutamiento de “voluntarios” titulados superiores o docentes e incluso alumnado universitario de último curso de carrera, para realizar esta tarea.
El hecho de que la Consejería de Educación acuerde o subvencione estas actividades es la prueba innegable de su falta de capacidad para gestionar una respuesta profesional y laboralmente decente.
Con estas iniciativas pretende “engañar” a la opinión pública cuando afirma que cubre las necesidades educativas del sistema.
CGT aboga por la inmediata transformación de estos servicios educativos en actividades programadas por la Consejería con personal propio.
Federación Enseñanza CGT
Fuente: Federación Enseñanza CGT
