Desde que en 1997 el gobierno decidiera la venta del 20,9% de las acciones y proceder así a la privatización total de Telefónica de España, la cuota de alquiler de línea, que es la que más afecta a los pequeños usuarios y familias, se ha incrementado en más de un 80%. En 1998 el alquiler de línea era 1242 pesetas al mes (7,464€), en 2005 la cuota de alquiler de línea es 13,4316€.
Esto ha supuesto que en solo ocho años todos los usuarios, pero en especial los de menos consumo, han visto incrementado su recibo de manera considerable. Si a esto añadimos el altísimo incremento que las llamadas locales ha sufrido, tenemos como resultado que el gasto familiar en teléfono es ahora mucho mayor que hace ocho años (teniendo en cuenta el IPC) y todo ello a pesar de las bajadas del precio de llamadas nacionales e internacionales y el uso de la telefonía móvil como alternativa para realizar muchas llamadas.
A pesar de este incremento, la actual dirección de Telefónica está inmersa en un proceso de destrucción de empleo fijo a través de expedientes de regulación de empleo, por lo que la plantilla que llegó a ser de 75.000 trabajadores antes de su privatización ha pasado a los 30.000 actuales, y será de 25.000 a final de 2007.
Esta reducción de plantilla ha supuesto para la mayoría de los trabajadores actuales de la empresa un incremento excesivo en la carga de trabajo por la falta de personal en todas las unidades, por lo que la empresa ha decidido no cumplir los acuerdos firmados en el Comité Central de Seguridad y Salud y mandar a realizar trabajos considerados hasta ahora peligrosos a personas en solitario, cuando antes era necesario el mínimo de dos personas.
Este incumplimiento ha sido respondido por los trabajadores de GMO (Grupo móvil operativo) afectados con una huelga indefinida, que comenzó el 1 de julio, se realiza todos los viernes durante 1 hora, en todos los turnos.
Esta huelga ha sido convocada por la CGT y coincidentemente por una coordinadora de sindicatos y otra por varios comités provinciales. El seguimiento de esta huelga ha ido aumentando de manera creciente cada semana hasta llegar al 60% de la plantilla afectada.
Por otro lado, en el departamento de Comercial (Negocios y Profesionales) hay convocada por CGT otra huelga indefinida, de una hora de duración todos los martes, de ámbito estatal y coincidiendo con otra de la Coordinadora de Sindicatos. Afecta principalmente a las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Coruña, comenzó el pasado 27 de junio y está motivada fundamentalmente por la presión laboral que la empresa ejerce sobre estos trabajadores, cuyo trabajo y presión les está provocando una excesiva carga mental, según establece las evaluaciones de riesgos psicosociales del Ministerio de Trabajo.
La respuesta de actual dirección de Telefónica, en lugar de buscar vías de negociación ha sido la exclusión sindical y la represión contra varios trabajadores por formar parte de un comité de huelga del sindicato Alternativa Sindical, al considerar la empresa que esa huelga es ilegal. (La legalidad de la convocatoria de la CGT no es cuestionada por la empresa).
Así, se ha procedido a entregar 10 cartas de despido por formar parte de los citados comités de huelga, que la empresa considera ilegales.
Telefónica ha pasado de ser una empresa pública ejemplar, a ser una empresa privada cuyo único fin es el beneficio empresarial, olvidándose del servicio telefónico y de la ética laboral. Se da la paradoja que Telefónica, siendo pública, disponía de más de 75.000 trabajadores y obtenía grandiosos beneficios que repercutían en las arcas del estado, tras su privatización en 1997 el estado ha subvencionado a la empresa la destrucción de 45.000 puestos de trabajo fijos.
Fuente: Prensa CGT. Sección Sindical Telefónica
