La representación de los trabajadores rechazó un posible acuerdo con la compañía por «desproporcionado» y ofrecer un complemento «insuficiente»
El pasado 24 de noviembre de 2022, la Dirección de la Empresa procedió a comunicar a la Representación Legal de las Personas Trabajadoras, la intención de la Empresa de proceder a iniciar un procedimiento de suspensión de contratos.
La Empresa, perteneciente al Grupo LECTA, viene dedicada a la fabricación, comercialización y venta de papel de impresión y escritura, papeles para usos especiales así como madera y pasta celulósica. En la actualidad Junto con Motril que cuenta con 295 emplead@s, la Empresa cuenta con siete centros, de los cuales cinco son plantas papeleras en España, enclavadas en Almazán con 206 trabajador@s, Leitza con 350 trabajador@s, Zaragoza con 429 trabajador@s, Sant Joan les Fonts, en Girona, en Barcelona la central de oficinas y administración y Getafe en Madrid y Sils en Girona que son almacén de distribución.
Según indica la compañía, el mercado en el que opera la Empresa ha visto disminuida su demanda de producto, generando esta disminución de pedidos que finalmente, el pasado 12 de enero de 2023, la compañía comunica a sus trabajador@s la decisión de suspender el contrato de la totalidad de las personas trabajadoras que prestan sus servicios en las cinco fábricas de la empresa, ante la concurrencia de causas las cuales ellos dicen que son justificativas y de naturaleza productiva y organizativa.
Torraspapel aplica el expediente de regulación de empleo a la totalidad de las plantas y afectará a un total de 1.436 trabajador@s y que influirá en más de 12.000 empleos indirectos, en sus puntos fabriles, administrativos, almacenes y centros de ingenieros y de control.
Finalmente, y después del transcurso de las negociaciones, en las que se han llevado a cabo un total de 7 reuniones (4 durante el periodo previo del convenio y 3 durante el período de consultas), en unidad de acción, los comités de empresa de las cinco fábricas decidieron no firmar este expediente de regulación temporal de empleo por causas organizativas y productivas.
En un comunicado conjunto suscrito por tod@s ell@s coincidieron en considerar este ERTE desproporcionado al no ser capaz la dirección de aportar un calendario de aplicación lo que «esconde la voluntad de aplicar unilateralmente y de forma arbitraria los días» ni «haber sido proactiva en alcanzar un complemento económico aceptable». “hemos hecho el esfuerzo de ir bajando nuestras pretensiones iniciales, pero la empresa más allá de mejorar su propuesta, quería una flexibilidad total para poder aplicar los 150 días de afectación del ERTE durante todo el año 2023 que afectará a tod@s l@s trabajador@s”.
Finalizado el período de negociación sin ningún tipo de acuerdo, la patronal unilateralmente decide aplicar 150 días de Erte que afecta de forma directa a todas las fábricas.
La patronal da por finalizado el período de negociación sin ningún tipo de acuerdo, la cual justifica los 150 días de Erte que afecta de forma directa a todas las fábricas, y que dice se ha visto alterada por la guerra de Ucrania, deriva de los altos costes energéticos a los que hacer frente desde hace varios meses, la subida de las materias primas y el descenso de hasta un 50 % de pedidos.
Finalmente, la empresa comunica,… en un ejercicio de responsabilidad y al objeto de evitar mayores perjuicios para las personas trabajadoras afectadas pese a las posiciones maximalistas mantenidas por la RLPT durante el proceso de negociación, decide aplicar su última su propuesta final efectuada en la última reunión mantenida el pasado día 4 de enero de 2023: abonará 5 € “brutos” por cada día en que cada emplead@ esté en ERTE.
La compañía podrá alterar los días de afectación y desafectación, en atención a la evolución de las necesidades productivas de la Empresa, con un preaviso mínimo de 24 horas.
La RLPT vigilará de cerca que la Empresa cumpla con el reglamento de ERTE y la legislación vigente al respecto, ya que, si no es así se presentará una demanda conjunta ante la Audiencia Nacional para impugnarlo.
Fuente: Secretariado Permanente CGT costa Granada
