El pasado 30 de diciembre de 2009, el BOE publicaba el Real Decreto 2034/2009, donde se oficializa el traspaso de competencias marcadas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre las Cercanías de Barcelona al Gobierno de la Generalitat, incluyendo la potestad de esta última de disponer del material (197 trenes) y del personal (900 trabajador@s).
Es evidente que, si al final del periodo de subrogación al actual Contrato Programa Renfe-Estado que finalizará el próximo 31 de diciembre, la Generalitat decidiera cambiar de operador ferroviario, porque no le valiese Renfe, los trenes y los trabajadores no iban a migrar a otra parte dejando vacías las vías de Barcelona, sino que pasarían a depender de un nuevo operador público creado al efecto o de uno privado que ganase la oferta pública de concesión, siendo el personal subrogado al mismo y definitivamente separado de su empresa actual, Renfe-Operadora, que quedaría gravemente mutilada.
A partir del 1 de enero de 2011, la Generalitat es libre de usar una de las dos alternativas posibles : firmar un nuevo acuerdo con Renfe‐Operadora para establecer la vigencia como operador, o buscar un nuevo operador que cumpla con sus exigencias en la prestación del servicio de cercanías de Barcelona, si bien, esta posibilidad, la podrá ejercitar a contar del año 2012.
Si finalmente la Generalitat decidiera no renovar el contrato con Renfe‐Operadora, el Estado y la Generalitat acordarían la valoración de los 197 trenes y los 900 empleos a transferir a la Generalitat, aunque, por el momento, todas las partes apuntan a la renovación del contrato con Renfe.
No en vano algunos medios de comunicación, en sus entrevistas a los políticos, insistían en el término de “cambio de amo”, para definir el nuevo escenario donde la Generalitat tiene las competencias sobre regulación, planificación, gestión, coordinación, inspección del servicio de cercanías y la potestad tarifaria (Artículo 169 del Estatuto de Autonomía). Queda en manos del Estado la titularidad y gestión de la infraestructura (ADIF), así como la regulación de títulos, habilitaciones y normativa de seguridad.
Pronto veremos las primeras actuaciones de la Generalitat, que dice pretender mejorar sustancialmente la calidad del servicio, aunque no tiene previsto cambios relevantes en su primer año de gestión.
Han creado también una nueva Comisión Mixta para estudiar el traspaso de los trenes regionales, posibilidad que también se contempla en la Ley del Sector Ferroviario (LSF) creada por Francisco Álvarez Cascos y Magdalena Álvarez Arza.
Renfe y Generalitat han acordado también el pasado 13 de enero, un “convenio en el que se establece y concreta la dirección y gestión de la prestación del servicio de Cercanías de Barcelona” :
Dentro de Renfe se crea un área de negocio específico para las Cercanías de Cataluña. En esta área de negocio, debe integrarse la actual Dirección de Cercanías Metropolitanas de Barcelona. Esta área de negocio debe poseer su propia cuenta de resultados y balance económico.
La Generalitat se ha reservado el derecho para determinar cuál sea el nombre comercial dado a las Cercanías de Barcelona.
Crean un órgano mixto de coordinación y control Generalitat–Renfe‐Operadora : el órgano de coordinación y control se compone de cuatro individuos por cada parte. Es, no obstante, un comunicado de prensa el que ya pone nombre y apellidos a los cargos.
LAS “AUTORIDADES FERROVIARIAS” INCUMPLEN EL ACUERDO DE DESCONVOCATORIA DE HUELGA DEL 9 DE JUNIO DE 2009.
El acuerdo de desconvocatoria de huelga de 9 de junio de 2009, daba la necesaria participación a todas las organizaciones del Comité General de Empresa en el proceso de negociación de la transferencia, con el claro objetivo de salvaguardar las garantías y derechos de l@s trabajador@s de Renfe-Operadora. Las “autoridades ferroviarias” parecen haberse olvidado de dicha participación y control. Tan solo sendas reuniones informativas por parte de Renfe en los meses finales del año 2009, reuniones que no valen para sustituir los acordado en la desconvocatoria de huelga.
Desde CGT, exigimos la presencia sindical en la mesa de negociación de lo que todavía queda por hacer, que no es otra cosa que lo previstos en el Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio que determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Generalidad de Catalunya, especialmente en lo que regula toda la materia que afecta al personal de Renfe-Operadora y también para la propia entidad pública empresarial.
Queda muy claro el fin de Renfe-Operadora como único prestador de servicios de cercanías al dar entrada a otras posibles operadoras en este sector. En definitiva, se ha “abierto el melón” aún más si cabe, sobre las posibilidades de disgregación de Renfe-Operadora como empresa pública ferroviaria, con todas las consecuencias que aún están por venir, pero que se aventuran cercanas, como se recoge en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, donde se propone permitir sacar a concurso los servicios públicos (Cercanías, Media Distancia, etc.).
Desde el SFF-CGT nos oponemos a la segregación de la plantilla de Renfe-Operadora, que a buen seguro vendría seguida de las privatizaciones anheladas y manifestadas por muchos políticos, con las nefastas consecuencias para ciudadanos y trabajador@s. Consecuencias que ya conocemos de sobra por las experiencias vividas en otros sectores productivos.
NO A LA PRIVATIZACIÓN – SI AL FERROCARRIL PÚBLICO
SFF CGT
Fuente: SFF CGT
