Artículo publicado en Rojo y Negro nº 388 de abril.
Suele ocurrir que, perdidos en las diminutas distancias de lo próximo e inmediato, no alcancemos a ver lo grueso y voluminoso e, imitando al personaje de Ivan Andreyevich Krylov, admirados por las elaboradas miniaturas de una galería, nos entretengamos sin percatarnos de la presencia del elefante que daba fama al museo que se visitaba. Puede, en algunos casos, que aun habiéndonos percatado de la figura del paquidermo prefiramos no hacer referencia a él para eludir el problema que de esta presencia se derive.
Algo así ha venido ocurriendo con la tasa de reposición. En Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos autonómicos… la lucha para que se cubriesen las plazas vacantes ha desgastado argumentos y esfuerzos sindicales que siempre se estrellaban con la lacónica sentencia del responsable de personal o RR.HH. correspondiente: “yo estoy de acuerdo con cubrirlas, pero es la tasa de reposición y no soy yo quien lo impide”. Aceptábamos esta premisa como si fuera una ley natural superior al estilo de quien suspira ante los daños provocados por las catástrofes. Mientras tanto, el goteo de pérdida de empleados y empleadas de las distintas administraciones ha derivado en que, en muchísimas ocasiones, el funcionamiento de la Administración se ha debilitado y adelgazado hasta amenazar con detenerse. No nos engañemos, aunque en el Gobierno estén unos u otros, desde 2012 sigue gobernando Montoro. A pesar de los intentos del Gobierno y los sindicatos mayoritarios, la esencia de la Ley de Estabilización presupuestaria se mantiene vigente, en la misma medida en la que los recursos que no se pueden emplear para la contratación y el dimensionamiento de los servicios públicos del capítulo 1 de presupuestos que se destinan a compensar las carencias de lo público con lo privado, destinando mayores recursos económicos en intentar dar un servicio, externalizado, similar, pero con peores condiciones laborales.
La ausencia de una campaña para que la tasa de reposición desapareciese y que cada administración aumentase sus plantillas sin injerencias, en la medida en que sus presupuestos se lo permitan, ha sido nula o residual. Como sindicato que defiende lo público, debemos estar más ágiles. La actual campaña en contra de la tasa de reposición debe ir acompañada de una denuncia de que el estrangulamiento de la Administración significa o bien la privatización o bien la desaparición de determinadas prestaciones públicas. En ambos casos un desastre para los ciudadanos y ciudadanas a los que se les oculta que la privatización esconde el encarecimiento exagerado de la prestación del servicio, en muchas ocasiones el empeoramiento del mismo y el seguro deterioro de las condiciones laborales: ¨para que unos ganen tienen que perder muchos¨. Si tomamos como referencia el segundo supuesto, el de la desaparición de determinadas prestaciones de servicios, cuando no de la eliminación del servicio en sí mismo, vemos que lleva implícita la conducta de desacreditación de los servicios públicos, la peligrosa idea de que se estén pagando impuestos para nada es la conclusión consecuente. Si a esto le sumamos el descarado, inmoral y turbio comportamiento de los políticos y políticas que aparecen en los medios de comunicación, cualquiera puede pensar que la participación económica en el Estado solo sirve como despilfarro. La, cada vez más habitual, aparición de anuncios y propuestas de alternativas a la sanidad pública es un ejemplo claro: todas y todos hemos sufrido, si no directamente a través de algún familiar o conocido, el retraso y la dilatación de procesos médicos que, no hace mucho, eran habituales cuando no inmediatos. Esta es una de las consecuencias de la tasa de reposición de Montoro.
La segunda de las medidas de Montoro, el segundo elefante, que se mantienen con la misma finalidad son los límites para sobrepasar la masa salarial. La condición de que no se puedan sobrepasar los parámetros económicos destinados a personal en las administraciones públicas entre un ejercicio y el anterior es una trampa al estilo de los rabos de lagartijas —si bien el rabo de estos reptiles vuelve a crecer tantas veces como es arrancado cada vez lo hace de una manera más menguada y atrofiada—. De esa misma manera la consecuente lógica de que cada año descienda el número de empleados conlleva la ecuación de que, también cada año, decrezca la masa salarial impidiendo cualquier tipo de mejora social o laboral de los empleados públicos en materia económica sin otros aumentos que las paupérrimas subidas del 2%, del 0,5%… pactadas por los sindicatos institucionales con el gobierno, y los empleados públicos de las categorías más bajas hemos de ver cómo el SMI se acerca con paso decidido a nuestros salarios. Estas restricciones, so pretexto del ahorro y el control, chocan con el total descontrol de los gastos en el capítulo 2 (el de presupuestos destinado a las licitaciones y a la participación privada) que aumenta exponencialmente para seguir prestando de forma privada los servicios que se hacían de manera pública (en el capítulo 1). Una tomadura de pelo. A la falta de motivación del trabajador o trabajadora pública, que ve cómo se le abandona a la prestación del mismo servicio con menos compañeros y compañeras, se han de sumar unos salarios que limitan su poder adquisitivo de acuerdo a la inflación y la falta de reconocimiento de sus labores por parte de unos usuarios a los que, cada vez, la administración se le presenta más lejana e inaccesible.
Como última reflexión quiero mostrar la manera en la que el forzado estrangulamiento de las administraciones públicas, la falta de personal, la desaparición de los recursos y el deterioro de las prestaciones públicas crean un sentimiento: el desapego de la ciudadanía que explica por qué empieza a ser común y aceptada la aparición de líderes neoliberales que apuestan por, lejos de dinamizar, dinamitar el Estado. Un paso nuevo con que ahondar dentro de las políticas neoliberales restrictivas con lo público.
Rubén de la Peña y Raúl Salazar
Sindicato Único de Burgos
Fuente: Rojo y Negro
