El juzgado de lo social número uno de Jerez (Cádiz) ha dictado sentencia sobre el despido, el pasado 10 de octubre de 2004, del conductor de autobús y delegado sindical de CGT en Los Amarillos, Ildefonso Raya, «por hacer uso de su libertad sindical» denunciando a la empresa en reiteradas ocasiones por «falta de seguridad y salud laboral», según el sindicato, lo cual corrobora el juez, que considera este cese «nulo».
Según informó CGT a Europa Press en un comunicado, la sentencia explica que, «en otras circunstancias», procedería a declarar el despido como «improcedente», pero «la apariencia creada por los razonables indicios aportados, las denuncias reiteradas a la Inspección de Trabajo, los escritos de demandas, así como las papeletas de conciliación son indicios suficientes de que podía constituir una lesión a su garantía de indemnidad y a su derecho a la libertad sindical».
Al mismo tiempo, el juez alude que tratándose de un trabajador «reivindicativo», con sucesivas denuncias, demandas y escritos de quejas, unido al hecho de ser afiliado a CGT, la empresa «ha querido» despedirlo «por que le pudiera resultar molesto y en represalia por su continua actitud».
Por ello, entiende «vulnerado» el artículo 24 de la Constitución, en relación a que la tutela judicial, «también integra la garantía de aquéllos que acuden a los tribunales en busca de dicha tutela, y, por esta razón, fue despedido», declarando el despido «nulo».
Raya fue despedido, según la empresa, por no presentar los discos de tacógrafos al responsable de Los Amarillos en Jerez cuando le fueron requeridos —»tardó diez días»—, pero CGT sostiene que la empresa realizó «todo tipo de impedimentos» para que no pudiera entregarlos en su momento.
El sindicato se «congratuló» de esta sentencia, pero insistió en el «incumplimiento» de Los Amarillos en materia de seguridad, advirtiendo de que «no pararemos en las denuncias hasta que este tema no sea solventado de forma satisfactoria».
En la actualidad, CGT tiene interpuestas varias denuncias ante la Delegación Provincial de Trabajo, así como un recurso administrativo ante la inspección provincial en materia de infracción de normas de seguridad y salud laboral en el tráfico de transporte de viajeros por carretera, a raíz de las cuales esperan que «de una vez por todas se obligue a esta empresa a respetar las normativas de seguridad».
EP
