Este martes 24 de enero ha comenzado el juicio al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el sumario sobre los crímenes del franquismo. Confieso que el mediático juez no es santo de mi devoción, creo que hay mucho más en su debe que en su haber, empezando por el hecho de ostentar mando en plaza en un tribunal de excepción que sucedió en competencias y atribuciones al odioso TOP de la dictadura, lo que dice algo sobre la tipología de quienes sirven en esa jurisdicción especial.

Pero eso es
una cosa y otra muy distinta la canallada fascista, por lo demás
propia de la raquítica democracia que padecemos, de procesar a
alguien por investigar judicialmente a los autores de aquel
genocidio.

Pero eso es
una cosa y otra muy distinta la canallada fascista, por lo demás
propia de la raquítica democracia que padecemos, de procesar a
alguien por investigar judicialmente a los autores de aquel
genocidio. Un holocausto negado por esa canonizada transición con
una amnistía perpetrada con la ayuda de las cúpulas de los partidos
de izquierda para dejar sin responsabilidad penal a los verdugos de
aquél régimen y condenar al olvido a sus víctimas, gentes de toda
clase y condición que cometieron la osadía de haber luchando por
una mundo mejor y los valores republicanos.

Confieso
también que todavía no sé que pretendía en el fondo Garzón al
fijar las responsabilidades por esos crímenes sólo en el primer
equipo gubernamental que acompaño a Franco en su Cruzada, por lo
demás, todos ellos desaparecidos hace tiempo. Pero me da lo mismo,
aunque fuera un gesto más del superjuez para hacerse merecer al
cotizado Premio Nobel de la Paz al mismo tiempo que aceptaba sin
rechistar la limitación de principio de Justicia Universal que tanta
merecida notoriedad le dio. Lo importante, insisto, es haber
rescatado del vergonzoso olvido la memoria de los vencidos,
humillados y asesinados en defensa de la democracia. Investigar eso,
lo haga Agamenón o su porquero, es todo menos algo que se pueda
calificar de ilegal.

La causa de
Garzón no es mi causa, pero si, rotundamente, la de Memoria
Histórica de los que nos enseñaron el camino de la dignidad en su
oposición a la dictadura. Lo único que lamento es que incluso en
esta ocasión Garzón esté dispuesto a usar medidas de defensa tan
reprobables como esa apelación a la doctrina Botín que ha hecho su
abogado en la apertura de la vista para anular la causa, cuando lo
verdaderamente importante para la Memoria Histórica sería que su
juicio se convirtiera en el Núremberg que nunca tuvo el franquismo.

La potestad
constitucional a la acción popular (artículo 125 C.E.) es uno de
las pocas fisuras democráticas que posee el sistema para controlar a
los poderes del Estado desde abajo, desde el pueblo. Serie de
lamentar que Garzón, igual que Emilio Botín, su benefactor
financiero en otras lides, usara esa argucia con la que se pretende
liquidar la participación ciudadana en la Administración de la
Justicia cuando la acción popular no tiene apoyo de la fiscalía,
como es el caso.

Si así
fuera, sería bueno y rentable para el personaje Garzón pero
innoble y muy malo para la democracia. Una democracia otorgada que ha
convalidado en su corpus legal las leyes penales del franquismo, como
demuestra el hecho de que a pesar de esa Ley de Memoria Histórica
que el PSOE hizo de cara a la galería, sus tribunales sigan
rechazando impunemente la anulación de las sentencias de la
dictadura.

Rafael Cid


Fuente: Rafael Cid