En las últimas décadas, las empresas públicas en general y las del
transporte colectivo de titularidad pública en particular, han venido
sufriendo constantes procesos de externalización y privatización.
Estos procesos se han caracterizado por venir precedidos de la crítica
sistemática, constante, tendenciosa y poco reflexiva hacia todo “lo
público”; así como de programadas estrategias de empeoramiento del
servicio, que han ido en paralelo al deterioro y precarización de las
condiciones de regularidad, calidad y, hasta incluso, de la seguridad.
POR UNAS EMPRESAS PUBLICAS DE TRANSPORTE COLECTIVO
POR UNAS EMPRESAS PUBLICAS DE TRANSPORTE COLECTIVO
Pretender que empresas privadas, con su evidente finalidad de lucro, hagan de intermediario entre la ciudadanía y la Administración para gestionar y explotar un servicio público esencial para la comunidad; con el agravante de que la infraestructuras e instalaciones, cuando no el material móvil, ya han sido financiados con dinero público. Es una hipoteca muy onerosa que la sociedad valenciana puede pagar de forma muy cara en el futuro.
En definitiva, entendemos que la rentabilidad social debe estar por encima de los intereses económicos privados. El transporte colectivo, de forma mayoritaria, debe ser de titularidad y gestión públicas. Solo de esta forma se podrá garantizar los criterios básicos antedichos, que son los que debe cumplir un transporte de calidad.
El transporte es un derecho irrenunciable para la ciudadanía, y se verá afectado negativamente o recortado con la gestión y administración por parte de empresas privadas. Éstas tienen el objetivo prioritario la obtención de beneficios económicos y, consecuentemente, harán prevalecer estos intereses sobre los aspectos antes someramente apuntados y que consideramos esenciales para que el transporte tenga los niveles de eficiencia, seguridad, que hasta ahora han venido garantizando las empresas públicas.
LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Fuente: CGT-PV
