El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes planteado por el actual gobierno, tras tres meses de tensiones, incertidumbres, improvisaciones, manifestaciones, huelgas de hambre, protestas… ha finalizado.

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes planteado por el actual gobierno, tras tres meses de tensiones, incertidumbres, improvisaciones, manifestaciones, huelgas de hambre, protestas… ha finalizado.

Según los datos oficiales, en torno a 700.000 extranjeros han conseguido presentar su expediente de regularización (unos 96.408 admitidos en el País Valenciano, y concretamente 42.750 admitidos en Valencia, ), lo que significa que otros 600.000 – 800.000 extranjeros que están empadronados, que “viven” entre nosotr@s, no han podido hacerlo, junto a otro número indeterminado que no está ni siquiera empadronado. Los sindicatos se felicitan, el PP “se preocupa” por los que quedarán sin papeles y el ministro de Trabajo Jesús Caldera dice que el cierre del proceso de regularización “fue un éxito para todos los españoles”. Para CGT, este proceso extraordinario no puede considerarse como éxito desde ninguno de los puntos de vista que se analice, ni por sus resultados cuantitativos, ni por los objetivos de que partía relativos a la eliminación de economía sumergida, ni por su ideología basada en la consideración de las personas como objetos al servicio del mercado laboral, ni por las formas de aplicación fundamentadas en el dogmatismo y la inflexibilidad .

Por sus resultados, el proceso ha sido plenamente insuficiente, ya que no se ha llegado a regularizar ni a la mitad de los extranjeros, si tenemos en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística a principios de Enero de 2005 según los cuales, existían en España en torno a 1.700.000 extranjeros sin papeles ; unos 200.000 de ellos en Valencia.

Por otra parte, habrá que estar expectantes ante la aprobación de esos expedientes presentados y la realidad última de altas en la Seguridad Social que llegarán a materializarse de todos los expedientes presentados, puesto que hoy mismo nos han empezado a llegar las denuncias por parte de l@s trabajador@s : negativas a contratarlos, deudas de las empresas a la Seguridad Social y Hacienda, etc…

Igualmente, no hay que olvidar que la regularización que ahora se pueda conseguir, dura un año y a partir de ese momento, se vuelve a la misma situación de irregularidad, debiendo volver a regularizarse.

Por sus objetivos, el proceso se nos vendía como instrumento para emerger la economía sumergida, siendo un requisito esencial e imprescindible para la regularización que un empresario presentara un contrato de trabajo, es decir, la regularización estaba supeditada al mercado laboral.

Sin embargo el mayor número de solicitudes presentadas, tanto a nivel estatal como en el País Valenciano fueron las de servicio doméstico en hogares discontinuos en la que l@s propios trabajadores deberán pagarse la Seguridad Social.

(Servicio doméstico : 31,67%, construcción 20,76%, agricultura 14,61%, hostelería 10,36% varios 11,99 %, comercio 4,77% y fabricas 2,58%).

Todos estamos de acuerdo con que se elimine la economía sumergida, ya que así ganamos todos, se incrementan las cotizaciones a la seguridad social, se firmen contratos conforme a los convenios del sector, se mejoran las condiciones laborales y derechos de los trabajadores tanto extranjeros como autóctonos. Sin embargo, por una parte, no se reconoce que la existencia de más de un millón de extranjeros sin documentación obligados a trabajar en economía sumergida es como consecuencia de la ley de extranjería que sufrimos en este país y que sigue en vigor al haber sido aprobada por el PP y el PSOE y que el propio Reglamento que la regula, aprobado por el PSOE, sigue dando carta de naturaleza a dicha economía sumergida ya que la vía que queda abierta a partir de ahora para regularizarse mediante arraigo social y laboral parte de la base de que el extranjero lleve entre 2-3 años en España y 1 año trabajando en economía sumergida.

Igualmente, el hecho de que el empresario haya tenido que presentar un contrato, ha generado situaciones de todo tipo imaginable, ya que, la administración haciendo dejación de sus responsabilidades políticas y sociales, ha depositado en el empresariado la potestad de dar papeles. Estas situaciones han sido desde la compra de contratos, desde pagar los trabajadores la seguridad social, desde ser despedidos en caso de demandar ser regularizados, de generar relaciones de total dependencia y sumisión al amo, al jefe, llegando a situaciones de semiesclavitud, según se podía ver en las oficinas de la seguridad social en la que el empresario blanco era acompañado por uno o varios trabajadores con el rostro reflejando humillación.

Por su ideología, el proceso de regularización es el fiel reflejo del modelo neoliberal de sociedad en el que las personas somos consideradas como simples objetos al servicio del mercado laboral. En este sentido, los inmigrantes son regularizados, adquieren derechos y son considerados personas en la medida en que son útiles al mercado de trabajo, en la medida en que son contratadas y contribuyen a sus criterios de competitividad y productividad, de la economía. Cuando el inmigrante deja de ser útil, no tiene trabajo, vuelve a la clandestinidad y a la exclusión social.

Por sus formas de aplicación, el proceso extraordinario de regularización ha sido inflexible, rígido, desadaptado de la realidad que vive la inmigración, a espaldas de la opinión pública de muchos grupos sociales, asociaciones, y sindicatos que si están día a día trabajando por la dignificación e integración real de las personas inmigrantes. El proceso había sido diseñado desde los despachos, ajenos a la vida real lo que provocó que miles de personas se manifestaran pidiendo una mayor flexibilización en la documentación que se requería, que se ampliara el plazo, que fuera una regularización definitiva… Ante ese clamor, la solución adoptada por el gobierno fue seguir manteniendo su dogmatismo e insensibilidad social y como mal menor derivar hacia los Ayuntamientos la expedición del empadronamiento por omisión.

Y ahora, ¿qué hacemos con los centenares de miles de extranjeros que no se han regularizado a través de proceso ? La frustración y la desesperanza por verse abocado al olvido más absoluto, a la explotación, a la exclusión, a la manipulación, al chantaje, a la corrupción, a las mafias, de esos centenares de miles de extranjeros que seguirán sin documentación, a los que se niega vivir, trabajar, comer, tener un futuro… se combatirá, informa el gobierno, mediante un tratamiento policial de dicha situación, es decir, mediante denuncias, internamientos, persecuciones, expulsiones.

CGT, seguirá luchando codo con codo con los trabajadores extranjeros para conseguir el reconocimiento de su existencia, su dignificación, su integración y el logro de todos su derechos humanos, sociales, laborales y sindicales.

CGT-La Safor

CGT-PV