Después de 28 audiencias, realizadas por espacio de 4 meses, el Tribunal Sexto de Juicio a cargo de la juez Magda Hidalgo, ubicado en la ciudad de Puerto Ordaz, condenó al sindicalista Rubén González a la pena de 7 años y 2 meses de prisión por haber apoyado una paralización de actividades en la empresa Ferrominera, ubicada en Ciudad Piar.

Periódico El Libertario -

También El Libertario entrevista al dirigente sindical Rubén González en la cárcel

Al escuchar la sentencia,
realizada alrededor de las 6 y 30 de la tarde de este lunes 28 de febrero, el
sindicalista afirmó “Estaré preso, pero hice lo que tenia que hacer”. La
defensa presentó 70 testigos desde el 3 de noviembre de 2010 desde que comenzó
formalmente el juicio, todos y cada uno relataron la legitimidad de la
paralización de actividades por deudas e incumplimiento de la contratación
colectiva, el carácter pacífico de la huelga y la permanente actitud pacífica
del líder sindical que en todo momento promovió la intermediación con los

Al escuchar la sentencia,
realizada alrededor de las 6 y 30 de la tarde de este lunes 28 de febrero, el
sindicalista afirmó “Estaré preso, pero hice lo que tenia que hacer”. La
defensa presentó 70 testigos desde el 3 de noviembre de 2010 desde que comenzó
formalmente el juicio, todos y cada uno relataron la legitimidad de la
paralización de actividades por deudas e incumplimiento de la contratación
colectiva, el carácter pacífico de la huelga y la permanente actitud pacífica
del líder sindical que en todo momento promovió la intermediación con los
patronos para la satisfacción de las demandas obreras.

El Libertario ha venido
acompañando el caso de Rubén González, un caso que ha denunciado a nivel
nacional e internacional, promoviendo la solidaridad de las organizaciones
anarquistas. Para nosotro/as es un caso emblemático que desnuda el carácter
autoritario y antipopular del gobierno bolivariano. La condena contra Rubén
González es un claro mensaje contra los trabajadores y trabajadoras del país,
especialmente contra los de las empresas básicas de Guayana (la región suroeste
del país), para que desistan de pelear en la calle por sus derechos.

González también es un
ejemplo de la política estatal de criminalización contra la protesta popular,
la cual es ejecutada por la Fiscalía y los Tribunales, la Defensoría del
Pueblo, los medios de comunicación estatales y los falsos medios comunitarios
como Aporrea y ANMCLA.

Desde El Libertario
queremos expresar nuestras palabras de aliento y solidaridad a Rubén, Yadith
(su esposa), la familia González y todos los trabajadores de Ferrominera de
Ciudad Piar. Asimismo, nos sumamos a la convocatoria a una concentración en
Caracas, frente a la Fiscalía General de la República, este miércoles 2 de
marzo de 2011 a las 10 de la mañana, para rechazar la condena contra González,
contra el sindicalismo combativo y contra el derecho a la huelga en Venezuela.