El Ejército estadounidense se ha visto implicado en un nuevo escándalo de malos tratos en Irak, donde, a pesar de la masiva operación de seguridad emprendida esta semana, la violencia continúa. Un nueva oleada de atentados de la insurgencia causó ayer medio centenar de muertos en Bagdad. Tropas de operaciones especiales mantuvieron a presos iraquíes durante 17 días a pan y agua y les sometieron a privación de sueño y temperaturas muy frías en celdas minúsculas, según un informe militar, que considera que el trato fue "incorrecto, pero no ilegal".
El Ejército estadounidense se ha visto implicado en un nuevo escándalo de malos tratos en Irak, donde, a pesar de la masiva operación de seguridad emprendida esta semana, la violencia continúa. Un nueva oleada de atentados de la insurgencia causó ayer medio centenar de muertos en Bagdad. Tropas de operaciones especiales mantuvieron a presos iraquíes durante 17 días a pan y agua y les sometieron a privación de sueño y temperaturas muy frías en celdas minúsculas, según un informe militar, que considera que el trato fue «incorrecto, pero no ilegal».
Las tropas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos desplegadas en Irak pusieron en práctica técnicas de interrogatorio prohibidas. Alimentar sólo con pan y agua durante 17 días a los detenidos ; confinarlos en celdas en las que ni podían tumbarse ni podían permanecer de pie ; privarles de sueño con música muy alta o arrancarles la ropa para ducharlos con agua fría y luego someterlos a temperaturas bajas son algunas de ellas, según una investigación del Pentágono hecha pública el viernes. Es la primera vez que un documento de este tipo se centra en las fuerzas de Operaciones Especiales. A uno de los presos, le mantuvieron desnudo «porque se orinaba sobre sus ropas continuamente».
El ya conocido como informe Formica -su autor es el general Richard Formica-, aporta, además de hechos, conclusiones : el trato a los detenidos fue incorrecto pero no «ilegal» y reflejó el uso de «métodos inadecuados» debido a la «falta de vigilancia y directrices apropiadas». En ningún caso se trató de abusos deliberados. Recomienda Formica que ningún militar sea castigado o juzgado por estos hechos. «Diecisiete días sólo a pan y agua son muchos días», concede el general de Brigada. Pero añade que, según le informó el cirujano general militar a cargo del comando, «hacen falta más de 17 días para desarrollar deficiencias en vitaminas o proteínas con una dieta de pan y agua». Junto a este informe se ha publicado otro del general Charles Jacoby sobre el tratamiento de prisioneros en Afganistán. De las páginas de ambos se han eliminado nombres, lugares e identificaciones de unidades militares.
Entre febrero y mayo de 2004, grupos de Operaciones Especiales usaron por «error» cinco de las 12 técnicas prohibidas por el entonces máximo responsable en Irak, el teniente general Ricardo Sánchez. Sánchez había accedido a «retirar» en octubre de 2003 esa docena de métodos de interrogatorio debido a que abogados militares los encontraron demasiado «duros». Para el máximo responsable en Irak por aquellos días, usar perros para aterrorizar a los prisioneros o enloquecer con música a los detenidos eran técnicas apropiadas para obtener información. Torturas como éstas fueron usadas en la cárcel de Abu Ghraib, escándalo que se hizo público a finales de abril de 2004.
Una vez más, el Pentágono se ha visto obligado a hacer pública la información que posee. El informe revelado el viernes es una copia del documento clasificado de 75 páginas que el general Formica completó hace 20 meses. A los miembros del Congreso de EE UU se les informó de su contenido hace un año aproximadamente. Desde entonces, el Pentágono rechazó todas y cada una de las peticiones cursadas por el diario The New York Times y varias organizaciones para que se desclasificara su contenido. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, había «prometido» que se harían públicas bastantes de las conclusiones. Sin embargo, finalmente se conoce su contenido debido a que la Unión Americana de Libertades Civiles apeló a la Ley de Libertad de Información.
El Ejército del presidente George W. Bush suma y suma escándalos. Cuando se cumple el cuarto día de la entrada en vigor del plan masivo de seguridad lanzado por el Gobierno iraquí, una serie de siete atentados provocó ayer la muerte de medio centenar de personas en Bagdad y su región y provocó heridas a unas 100 más, informa France Presse. Los atentados incluyen cuatro coches bombas, un ataque contra un mercado con morteros, y la explosión de un artefacto en un autobús. Por otra parte, un soldado estadounidense murió y otros dos fueron dados por desaparecidos tras un ataque perpetrado por un grupo armado en las proximidades de la localidad de Al Yusefiya, en el triángulo suní, en el noreste de Bagdad.
Con la violencia instaurada en el día a día de Irak, el viernes se conocía que uno de los dos informes en curso sobre la supuesta matanza de civiles iraquíes por marines en Haditha ya está listo, aunque sus conclusiones todavía no se han divulgado. Se investiga si un grupo de marines mató a sangre fría a 24 personas, incluidas 10 mujeres y niños, el 19 de noviembre de 2005 en una operación en Haditha, más de 250 kilómetros al oeste de Bagdad, un enclave de la insurgencia en la provincia de Al Anbar.
El general que investigaba lo que sucedió aquella mañana en Haditha, general Eldon Bargewell, enviaba su informe el viernes al general Peter Chiarelli, segundo en la línea de mando en Irak. Chiarelli puede aprobar la investigación, sustituirla o añadir datos de sus pesquisas ; puede devolver el informe requiriendo más información. Y puede hacer recomendaciones para que se lleven a cabo acciones por autoridades militares de mayor rango.
El objetivo del general Bargewell se centró sólo en una parte de la investigación : si los marines siguieron el procedimiento adecuado a la hora de informar del incidente a sus superiores o si alguien se dedicó a ocultarlo. Una segunda investigación a cargo del Servicio Naval de Investigación Criminal sobre qué ocurrió en Haditha está en marcha y determinará si se dictan cargos -incluido el de asesinato- contra los militares implicados.
Fuente: YOLANDA MONGE/EL PAIS
