Una de las claves del régimen continuista franco-monárquico, hegemónico en España desde la transición, ha sido el acuerdo general entre los partidos mayoritarios e instituciones anexas para dar un barniz de legitimidad democrática al sistema con que la dictadura sobrevivió más allá de su extinción física.

Es el famoso atado y bien atado que ha permitido que hechos como los crímenes de la dictadura fueran “amnistiados”, permitiendo así que aquellas inicuas leyes se casaran con las de la democracia y que las sentencias del franquismo contra sus oponentes sigan teniendo plena validez legal. Todo esto podría estar ahora en el alero si el giro que está tomando el juicio contra el magistrado Baltasar Garzón por el sumario de las víctimas de la dictadura se saliera de madre.

Es el famoso atado y bien atado que ha permitido que hechos como los crímenes de la dictadura fueran “amnistiados”, permitiendo así que aquellas inicuas leyes se casaran con las de la democracia y que las sentencias del franquismo contra sus oponentes sigan teniendo plena validez legal. Todo esto podría estar ahora en el alero si el giro que está tomando el juicio contra el magistrado Baltasar Garzón por el sumario de las víctimas de la dictadura se saliera de madre.

Esta nueva perspectiva, aunque todavía es una mera hipótesis indiciaria hasta ver en qué deriva el fallo del Tribunal Supremo, debe ser contemplada teniendo en cuenta dos hechos colaterales, uno de contexto y otro de procedimiento. El primero tiene que ver con la situación de enorme debilidad en que se encuentra todo el bloque político-institucional que perpetró la cacareada transición sobre la base de la impunidad de la dictadura, sus representantes y agentes.

Treinta y cuatro años después de la aprobación de la Constitución que selló legalmente aquel proyecto, el panorama social y la relación de fuerzas es radicalmente distinto, y cabe incluso que en lo sucesivo empeore para sus detentadores. Hay otra vez un gobierno de derecha revanchista y profundamente centralista en el poder; la iglesia de siempre afila sus hisopos para revertir algunas conquistas cívicas, como la ley del aborto y la asignatura de educación para la ciudadanía, que el anterior gobierno socialista se vio en la necesidad de transigir para contentar a sus votantes; la crisis económica va camino de deshacer la base social de la clase media que cimentó aquel modelo; el atroz nivel de paro y la generalización de la corrupción entre la casta política ha abierto un abismo de recelo e incomprensión entre la ciudadanía y la clase dirigente. Y a todo ello hay que añadir que por primera vez el sistema carece de los anticuerpos que le prestaban, por activa y por pasiva, una bien engrasada y patriotera lucha contra el terrorismo de ETA, y que la paternal tutela de la Corona recula ahora muy mermada en su prestigio al zambullirse de hoz y coz en el caso Urdangarín.

El siguiente peldaño colateral tiene que ver con el sesgo que ha tomado el juicio contra Garzón al rechazar el Tribunal la admisión de la «doctrina Botín” como causa de nulidad ex ante del juicio por un estrecho margen de cuatro votos a favor y tres en contra. Este hecho, que pronostica una vista larga, repleta de testimonios de juristas, observadores y personalidades de proyección internacional, una cobertura mediática mundial y movilizaciones populares en favor de la recuperación de la Memoria Histórica Antifranquista, puede galvanizar una auténtica catarsis política y derivar en algo que excede de los pronósticos más osados. Podría ser, si las circunstancias se concitaran en esa insólita dimensión, la quiebra que rompiera el nudo gordiano que anudó el atado y bien atado, dogal que ha venido bunkerizando al régimen durante tres décadas largas y casi dos generaciones sobre un tiovivo de partidos dinásticos turnantes en el poder conjurados en cambiar algo para que todo siguiera igual.

Porque veamos. Puesta ya la pista para que el juicio siga su curso sólo caben dos alternativas: o un fallo condenatorio o uno absolutorio. En puridad jurídica, culpar a Baltasar Garzón por haber abierto un sumario para investigar los crímenes del franquismo, al margen de las leyes de amnistía de 1976 y 1977 (por más que el propio imputado fuera cabeza de cartel electoral por Madrid en las filas de un partido que había sido pieza esencial en la aceptación de ese principio de no responsabilidad penal), no es nada fácil. Y no lo es porque, como tiene escrito el presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, Arturo Beltrán Núñez, en su calculada acción Garzón dirigió la investigación sobre sombras, ya que imputaba a personas que habían fallecido. Luego esa una causa vacía de responsables. Dicho lo cual, es muy dudoso que el alto tribunal deduzca un delito de prevaricación contra ola Administración de Justicia, como sostiene la acusación en solitario, cuando es obvio y notorio que se trata de un proceso exento de justiciables concretos.

Luego, quedaría el camino de la absolución. Pero una absolución sobre un contencioso que ha pivotado como defensa del reo en la convicción de la que los hechos objeto de investigación no estaban amparados por la amnistía por tratarse de delitos contra la humanidad (el bando del general Mola de 25 de abril de 1936 es la prueba de cargo) que por su propia naturaleza no prescriben, de acuerdo con los principios del Derecho Penal Internacional, sembraría el terreno para una desconexión o desenganche con la doctrina que ha servido de limo constituyente para la legalidad vigente. Salvo que, y este es un pero del alto voltaje, para sepultar esa remota eventualidad y volver al atado y bien atado, la Justicia española echara mano torticeramente del recorte del Principio de Justicia Universal aprobado en la etapa Zapatero por razones de Estado a fin de conjurar otro enojoso “caso Pinochet”.

Ciertamente una presunta resolución de este cariz, que evitara sancionar a Garzón, sólo tendría real eficacia jurídica en ese proceso específico. Pero a la voluntad política de la izquierda española no comprometida con la restauración de la monarquía nacida del 18 de Julio quedaría la posibilidad de propender la anulación de las sentencias del franquismo y abrir de paso el camino que conlleve a la ruptura democrática con el régimen. Serie algo así como la carta de ajuste que en su día aquellos reverendos padres fundadores nos hurtaron con el camelo del consenso y la reconciliación de parte.

¿Atado y bien atado? ¿Quién lo desatará?

Rafael Cid


Fuente: Rafael Cid