El pasado 5 de agosto, cuatro catalanes y un mexicano miembro de Radiokupa eran detenid@s y torturad@s en Oaxaca (México). Desde el principio han declarado su inocencia. Entrevistamos a tres de ell@s : Laia Serra Perelló y Ramón Sesén Marquina, ambos del Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lió Zapatista de Barcelona, y a Ariadna Nieto Espinet, miembro de la CGT de Lleida.
Pregunta : Durante vuestra detención se os amenazó con deportaros. ¿Qué implica una deportación y por qué consideráis que no os la aplicaron ?
Respuesta : Dado que nuestra situación era de legalidad absoluta, una deportación por razones migratorias, es decir administrativas, no era procedente. Entonces, la única opción del gobierno mejicano para “sacarnos” del país hubiera sido la utilización de la facultad que prevé el artículo 33 de la Constitución mejicana, que prohíbe a los ciudadanos extranjeros el inmiscuirse en asuntos de política interna del país, y en aras a la soberanía del país, éste puede expulsar a los mismos. Ello hubiera significado que el Gobierno mejicano hubiera tenido que reconocer haber realizado una expulsión “política” sin tener ninguna prueba de ello.
Esta realidad la ratifica el hecho de que el día 13 de agosto saliéramos libres y sin cargos, con un papel expedido por las instancias migratorias donde ponía que finalmente el Gobierno, después de nueve días, había conseguido localizarnos en su base de datos. No esperaron a la resolución judicial para liberarnos y además los cargos administrativos que se nos habían imputado habían desparecido de repente.
Entonces, nuestra detención puede obedecer a distintas motivaciones. Lo que sí que evidencia son dos posibles conclusiones : o la absoluta ineptitud de su sistema burocrático o bien la facilidad e impunidad con la que se comete la violación de los derechos y garantías de las personas.
El hecho de que nuestro caso sea el primero en que la interposición de un recurso de amparo paraliza una expulsión es una muestra de esta impunidad con que actúa el gobierno mexicano.
P. : Durante lo que calificáis como “secuestro” sufristeis vejaciones físicas, psicológicas y sexuales. Al respecto hay mayor virulencia hacía la integridad física y psíquica por el hecho de ser mujer. ¿En qué se traduce ?
R. : La vejación o la violentación sexual representa por una parte un “plus” de humillación que busca recordar a la mujer su lugar en este mundo, subyugada y a disposición del hombre, y por otro lado representa otro “plus” de represalia, pues significa herirla en algo muy íntimo y delicado. Sin duda en la experiencia que nos tocó vivir, la vejación sexual tenía un componente de neutralización de la firmeza propia y de amenaza directa, puesto que en una de las ocasiones ésta fue realizada al tiempo que el agente profería la frase : “si colaboras, todo irá bien”. Las violaciones, además, suelen tener siempre ese componente machista que acaba convirtiendo a la mujer en una especie de botín de guerra. Tal y como ocurrió en Atenco el año pasado.
P. : Por todo México se vive un clima de convulsión social y política al margen de la lógica de todos los partidos políticos que no hace sino crecer. Concretamente en Oaxaca, la lucha civil y pacífica avanza hacia la transformación social profunda en lo cotidiano marcando sus propios ritmos y tiempos. Las experiencias en los barrios y en los pueblos se contagian y multiplican con el referente directo de espacios organizativos autónomos y autogestivos como VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad). ¿Que habéis llegado a observar al respecto ?
R. : Todos los conflictos son complejos y obedecen a muchos elementos, de decisiones, de equilibrio de poderes, de necesidades sociales, de componentes territoriales, étnicos, ideológicos, etc. En todo caso, hay muchos informes de organizaciones de reconocido prestigio internacional que han acreditado las violaciones de derechos humanos que se han dado durante el conflicto, que revelan una oleada represiva injustificable desde ningún punto de vista.
La constitución de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) en junio del año pasado es el reflejo de una realidad que se plasma en el desencanto general de la población con la política que quedo patente en las últimas elecciones del 5 y 15 de agosto de este año en la ciudad, donde hubo prácticamente un 80 % de abstención. Por lo demás, en el último año el constante surgimiento de explosiones de descontento social evidencia que el conflicto de Oaxaca sigue latente porque las demandas sociales que lo originaron no han sido resueltas, sino que la situación ha sido aplacada por medio de la violencia y tampoco se ha resarcido a las víctimas ni depurado ninguna responsabilidad política por las violaciones vividas, ni la justicia parece que realice las investigaciones debidas de los atropellos cometidos. Por este motivo, la violencia puede rebrotar en cualquier momento.
P : A vuestro juicio, ¿cuál es la razón o razones por las que el Gobierno español no rompe relaciones con el Gobierno mexicano, demostrada su reiterada, descarnada y masiva vulneración de la democracia formal ?
R : La relación con Méjico es muy fuerte por el contenido cultural y económico desde hace muchos años. Pero no parece desmesurado aventurar que a nivel de políticas internacionales, suelen ponerse por delante los intereses económicos o geoestratégicos supeditando su respeto a los derechos de las personas. Ello ocurre no sólo con Méjico, sino con muchos otros países. Lamentablemente el respeto a las leyes y convenios internacionales es de obligado cumplimiento para sus ciudadanos pero no para sus gobiernos y sus empresas.
P : Para finalizar, ¿qué mensaje queréis transmitir a los lectores/as de Rojo y Negro ?
R : Pues, desde nuestra humilde posición, animamos a tod@s para que defiendan activamente sus derechos en sus vidas, porque es la única manera de no retroceder. Muchos son los pueblos que nos muestran la dureza de su resistencia y la dignidad de su rebeldía.
La detención que hemos sufrido nos ha permitido vivir en carne propia el umbral de lo que significa la represión en México. La impotencia, el miedo, la incertidumbre y la rabia que nos ha provocado su impunidad nos ha impulsado a tirar adelante la denuncia contra el secretario de Gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña y contra la comisionada del Instituto nacional de Migración Cecilia Romero Del Castillo. El objetivo es el de evitar que casos pasados como Atenco, Guadalajara y Oaxaca se vuelvan a repetir. Queremos que nuestro caso sirva para dar luz a la grave situación de vulneración de derechos humanos en México y la impunidad con la que actúan tanto cuerpos policiales como instituciones gubernamentales.
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