La historia reciente del valle del río Aragón, es la del embalse de Yesa, la del sacrificio permanente de un territorio por una obra pública con un carácter pretendido y nunca demostrado de utilidad pública… la de una comarca que lleva más de 50 años padeciendo los efectos negativos, también económicos, de esta gran obra hidráulica.
Esta historia de ”modernidad” tiene origen en la propia construcción de la presa, en el proceso de expropiaciones que empezó en 1929 y culminó en 1966, con la posterior inundación de la mayor parte de los terrenos de huerta, que supuso también el desmantelamiento de la red urbana, el despoblamiento masivo y la redistribución de términos municipales.
A la reclamación histórica de puesta en regadío de cientos de hectáreas de territorio navarro y aragonés, se sumó en su día en refuerzo de su “interés público”, la distribución de agua de calidad a la ciudad de Zaragoza y finalmente el aprovechamiento hidroeléctrico. Siempre de fondo la posibilidad de mercantilizar el recurso mediante trasvases, transferencias y transacciones al uso, programadas y aplazadas en sucesivos Planes Hidrológicos Nacionales.
Para cubrir estas necesidades se proyectó recrecer el embalse de Yesa con un modelo de infraestructura a día de hoy totalmente cuestionado en investigaciones y experiencias, y en la propia Directiva Marco del Agua de la UE. La lista de la Normativa vulnerada, reinterpretada y contra-regulada por la propia Administración en asuntos Medio Ambientales y de Patrimonio Cultural es interminable.
El Proyecto de Recrecimiento del Embalse de Yesa, fue declarado de Interés General el 22 de mayo de 1992, y fue contemplado en el denominado Pacto del Agua de Aragón, de 30 de junio de 1992, relativo a criterios sobre política hidráulica en la Comunidad Autónoma aprobado por unanimidad por las Cortes de Aragón (PAR-PP, PSOE-IU) y en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprobado el 24 de julio de 1998. En 1999 se publica la declaración de impacto ambiental para el recrecimiento del embalse hasta la cota 521 (superior) en la que CGT presentó alegaciones por la incidencia negativa en la población, en el patrimonio cultural y el medio ambiente, por el sobredimensionamiento injustificado, las insuficiencias técnicas y la existencia de alternativas.
Las obras del “Proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón”, dieron comienzo el 2 de mayo de 2001. La excavación de la presa se inició en septiembre de 2003. Tras el comienzo de las obras, diversas incidencias técnicas, destacando la inestabilidad de la ladera izquierda, el impacto social al ser inundado el pueblo de Sigüés y las afecciones en las Reservas Naturales del entorno y en el Conjunto de Bienes Culturales declarado Patrimonio de la Humanidad, provocan la necesidad no declarada, de redactar un modificado de las obras y un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.
El 3 de marzo de 2009, se publica en el BOE el citado nuevo Estudio de Impacto Ambiental para el Modificado nº 3 de las obras de recrecimiento a una nueva cota, la 511 (media), que incluye en su farragoso texto como posibilidades consideradas, varias interpretaciones de la “Alternativa 0” a este recrecimiento.
La CGT ha presentado alegaciones actualizando las interpuestas para el anterior estudio de impacto ambiental de 1999, porque los impactos y afecciones son cualitativamente idénticos, siendo en la actualidad mayor el grado de protección y valor asignado a los bienes inundables, expresado en las novedades legislativas. Ni se justifican convenientemente los objetivos de ampliación de regadío (hasta el infinito), ni de llevada de agua a Zaragoza que ya se abastece de La Loteta. Tampoco se presentan informes técnicos multidisciplinarios, ni avales actualizados de otras Administraciones. Las afecciones Medioambientales no se evalúan con rigor, se describen impactos puntuales y se elude un análisis de afección global del sistema natural. Evidenciamos que los daños al Patrimonio Cultural se ningunean vergonzosamente. Alegamos porque es improcedente que la comarca lleve más de cinco décadas padeciendo los efectos negativos del actual embalse.
Defendemos que la “crisis sistémica” debe persuadirnos a reflexionar todo el proyecto desde perspectivas de DECRECIMIENTO, cuya expresión mas deseable consistiría en demoler la presa existente y devolver al río y su valle su potencial natural, eliminando de paso, los inadmisibles efectos del riego sísmico. Además denunciamos la forma en que se ha realizado la información pública vulnerando los derechos garantizados por la ley 27/2006 que regula el derecho al acceso a la información, participación y la justicia en materia de medio ambiente, por lo cual exigimos la apertura de un nuevo periodo de consulta y alegación que garantice los derechos de información y participación.
El proceso parece imparable ya que existe consenso social y político, excluyendo a las grandes minorías defensoras del patrimonio cultural (ICOMOS-Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, asociación APUDEPA-Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Asociación Cultural SANCHO RAMIREZ de Jaca) y el medio ambiente (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Asociación Río Aragón y Ecologistas en Acción), de los ayuntamientos del entorno, solo Artieda se mantiene firme en su oposición al recrecimiento.
Entendemos que todas las Administraciones “competentes”, consecuentemente, deberían alegar también contra las obras proyectadas, o autorizarlas expresamente bendiciendo abiertamente la destrucción el patrimonio “en juego” y, en cualquier caso, presentar como aval informes técnicos completos, actualizados y contextualizados.
El conjunto de obra pública se prevé que finalmente contribuya a incrementar la actividad relacionada con el turismo, que forzosamente perderá calidad y capacidad de atracción al haberse perdido la autenticidad del entorno. Si las actuaciones proyectadas, contrarias a la conservación, llegan a ejecutarse, el entorno degradado y transformado puede ser la base de partida de otras actuaciones y actividades “masivas”.
En este contexto de desenfrenado crecimiento económico para halcones privados y de la administración, cuya actuación endémica ha dado pie para que la UE (asociación de países grandes y modernos con fines filantrópicos, vamos unos santos) nos califique como república bananera.
La CGT, desde nuestra presencia en Ruesta, debemos reforzar los controles para contribuir a que la actividad propia y ajena que se planee en el ámbito territorial de la cesión, sea de verdadero interés y utilidad pública. También hemos adquirido el compromiso de apoyar todas las actividades que contribuyan a conservar el riquísimo patrimonio natural y cultural de esta privilegiada, aunque abatida comarca.
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