La misma semana que «solicitaba» a la banca una participación activa en la creación empleo, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha aceptado el ERE presentado por Telefónica, convirtiéndose así en cómplice de la destrucción de 6.500 puestos de trabajo. 565 de ellos, en la Comunidad Valenciana, de los que 176 corresponden a Alicante, el 24% de la plantilla. Y algo parecido pasa en Valencia y Castellón, con 338 y 51 afectados, respectivamente.
Este expediente es el colofón
a una secuencia negra de “reformas” socialistas: la laboral, que favorece el
despido; la de las pensiones, que nos retrasa la edad de jubilación después de
una vida cotizando; o la reciente de la negociación colectiva, que recorta derechos
sindicales y el propio derecho a la negociación.
Este expediente es el colofón
a una secuencia negra de “reformas” socialistas: la laboral, que favorece el
despido; la de las pensiones, que nos retrasa la edad de jubilación después de
una vida cotizando; o la reciente de la negociación colectiva, que recorta derechos
sindicales y el propio derecho a la negociación.
Y el gobierno, lejos de
taponar la «herida» de los expedientes, ahonda la hemorragia aprobando
exenciones fiscales para empresas con beneficios gracias a la modificación del
régimen de libre amortización, con el que cualquier empresa puede deducirse de
manera anticipada las inversiones realizadas, sin el previo requisito de
mantener el empleo durante dos años. No es extraño que los expedientes, en el
primer trimestre del año, hayan aumentado un 15% en empresas con más de 1.000
trabajadoras/es. El nuestro es un ejemplo más.
Para Trabajo, el Plan Social del ERE es bueno porque contiene un
amplio programa de empleo que contempla su mantenimiento en las provincias, la
creación de empleo, un plan especial de recolocación, un programa de formación
y una garantía de empleo durante su vigencia. Como veremos, nada de ello es
real, ni creíble ni eficaz. La creación de empleo, un
7% de los 6.500 puestos que se destruyan, como hemos venido denunciando durante
todo el proceso de negociación, es insignificante, a pesar de que el enorme
ahorro por la destrucción de tantos puestos de trabajo y lo barato que le
resultará la nueva contratación, le hubieran permitido un mayor volumen de
contratación.
El plan de recolocación es de todo
menos ambicioso, ya que se obliga a las personas afectadas a sufragar el 50% de
los gastos derivados de la búsqueda de un nuevo empleo. El programa de
formación, con 72 horas para todas las personas de nuevo ingreso, es
insuficiente. Igual que lo es la garantía de empleo,
que no elimina la posibilidad de despido por la aplicación de la cláusula 52
del Estatuto de los Trabajadores (ET), ni garantiza el reingreso voluntario en
caso de despido improcedente, ni contempla la aplicación de los contratos de
relevo, ni tampoco el compromiso de no segregar más actividad.
Según Trabajo, otro de los fundamentos para aprobar esta
destrucción de empleo es el alto grado de compromiso con la sociedad de la
operadora, que se obliga a través de la Comisión de Seguimiento del expediente
a: «Asimismo, en dicha Comisión se informará de los costes
derivados del desempleo y de la conformación del fondo compensatorio que se
adjudicará a la Administración en función del compromiso adquirido por la
Empresa en los términos que legal o reglamentariamente se fijen.»
Pero cabe recordar que esta decisión no fue voluntaria, ya que fue
la inminente aprobación del Anteproyecto de Ley presentado por el gobierno
sobre la actualización del sistema de la seguridad social, que recoge este
compromiso para empresas con beneficios, la que hizo a uno de los sindicatos
firmantes exigírsela a Telefónica por adelantado y, casi con seguridad, un
requisito imprescindible del propio gobierno para su aprobación.
Conviene señalar que este compromiso es tan «volátil» como el
lenguaje que se utiliza en el párrafo citado, y ya sabemos lo que pasa con los
redactados. Más aún, en la mejor de las interpretaciones, la empresa, de asumir
todos «los costes derivados del desempleo», lo único que subsanaría es algo que
en el anterior expediente 2003/07 se le cargaba al salario regulador del
trabajador/a, al que se le detraía lo que cobraba del subsidio de desempleo,
sin que la empresa lo repusiera al estado. Ahora, deberemos esperar que la
comisión de seguimiento se reúna, interprete la ley y haga desembolsar a la
empresa el dinero que en su día le supuso un ahorro gracias al Estado.
CGT sabe que el compromiso con la sociedad pasa por el
mantenimiento de puestos de trabajo estables y de calidad, por la creación de
empleo real en las mismas condiciones laborales, y la no segregación y
externalización de actividad, prácticas que fomentan el trabajo en precario en
el sector de las telecomunicaciones, y en tantos otros de la provincia.
CGT, que exige al gobierno un compromiso con la sociedad,
presentará un recurso de alzada argumentando que existen motivos suficientes
para no aprobar el Expediente. No sólo porque faltan los datos económicos del
primer semestre de este año y porque se aportan causas ECONÓMICAS en una
empresa con beneficios. Además el redactado del Plan Social es inconcreto, muy
impreciso, y no da plenas garantías de los compromisos de creación y garantía
de empleo, ni solución a los problemas que causará la destrucción de empleo
masivo en Telefónica.
