En el Diario de Burgos del 22 de noviembre aparecía una noticia sobre el hecho que los alumnos de Formación Profesional pueden quedarse cualquier día sin poder ir a los centros educativos CIFP «Simón de Colonia» y CIFP «Juan de Colonia».
El titular no es erróneo, pero el desarrollo de la noticia muestra algunas carencias o lagunas o alguien ha pasado a quien redacta una malintencionada información.
Por eso, la Sección de Enseñanza de CGT de Burgos quiere explicar los hechos y dar su valoración de un tema sobre el que ya se ha posicionado en reiteradas ocasiones. Hace años que CGT quiere saber cuál es la situación del transporte escolar en los dos centros mencionados, además del centro que tiene asignado el servicio de transporte, el IES «Camino de Santiago». Durante los tres cursos anteriores, CGT inquirió a la Dirección Provincial de Educación sobre el asunto sin obtener más que el silencio por respuesta, fuera con el equipo del anterior Director Provincial Juan Carlos Rodríguez Santillana, como con el actual, José Antonio Antón Quirce.
Llegó por comentarios de profesores, alumnos y familias, cómo estudiantes de otros centros de la ciudad usaban el servicio de transporte escolar, previo pago al conductor la cantidad de 1 €, lo cual era a todas luces ilegal. Esto motivó actuaciones y quejas del anterior equipo directivo del IES «Camino de Santiago», que extremó la vigilancia para garantizar que esos estudiantes no se aprovechaban de un servicio que no les correspondía. Entre otros, había alumnos de Quintanadueñas que no iban al Camino de Santiago, centro que les corresponde por adscripción (zona), sino que acudían a otros elegidos por sus familias, como el IES Diego Porcelos (aunque se pueden matricular, como hacen, pero sin el transporte escolar). Incluso se detectaron alumnos que iban al cercano centro privado-concertado «Liceo Castilla» (Maristas), o al colegio del Arzobispado, el «María Madre».
La Dirección Provincial aclaró quiénes debían utilizar el transporte escolar gratuito, y las familias de la localidad de Quintanadueñas, que siguen sin querer llevar a sus alumnos al IES «Camino de Santiago» para llevarlos al IES «Diego Porcelos», decidieron, con la ayuda de su su alcalde, el señor Bilbao, fletar un autobús costeado a partes iguales entre familias y Ayuntamiento. Esta situación ha persistido hasta este curso e incluso persisten las presiones para que la Dirección Provincial asuma ese gasto. La planificación educativa de la Consejería de Educación de Burgos es clara al respecto: están asignados al IES «Camino de Santiago «los alumnos de los centros del Alfoz y a ellos les corresponde el transporte gratuito.
Más aún, la Dirección Provincial entonces autorizó a que, mientras hubiera plazas vacantes en el autobús, sí se podrían beneficiar del servicio gratuito los alumnos del CIFP «Simón de Colonia» y del CIFP «Juan de Colonia» si no podían cursar estudios de Formación Profesional en sus localidades o centros públicos cercanos a sus localidades.
La Dirección Provincial de Educación ya era consciente de que las enseñanzas que llevan acompañado el transporte escolar gratuito son las consideradas como obligatorias, es decir, la ESO, y no las postobligatorias, es decir, la FP y los Bachilleratos.
Este curso se emplean en muchas rutas escolares la modalidad de transporte «integrada» (ruta prioritariamente escolar pero accesible a otros usuarios) y han estallado los problemas. A lo que se une que el alcalde de Quintanadueñas, quiere pescar en «rio revuelto».
Empezando por esto último, lo que pretende el alcalde de Quintanadueñas, que no es el dueño del CEIP «Saturnino Calleja», arrogándose una opinión que no ha surgido en el Consejo Escolar del centro, es cambiar, debido a intereses propios (tal vez político-localistas) y gustos no explicados, la planificación educativa provincial, para elegir a la carta el centro que quiere un sector de las familias de su localidad, pero pagado por la Consejería de Educación. La propuesta del alcalde no afectaría sólo al IES «Camino de Santiago», sino que modificaría toda la planificación educativa. Implicaría un aumento y disminución de alumnado, y como consecuencia, a la creación o supresión de plantilla docente en centros que reciben transporte escolar en la capital (IES «Diego Marín Aguilera» o IES «Diego de Siloé»), en centros que por imagen muchas familias desean aun siendo iguales en su titularidad pública y formación-impartición de su profesorado (IES «Diego Porcelos», IES «Pintor Luis Sáez» o IES «Cardenal López de Mendoza»), o centros cercanos en zonas de la provincia.
En otro orden de cosas, la Dirección Provincial plantea aplicar duramente la legislación a quienes estudian enseñanzas postobligatorias, con lo que se dan situaciones sorprendentes. Por ejemplo todos los alumnos de Bachillerato del centro público IES «Camino de Santiago» que llevan en él desde 1º ESO, tienen ahora que solicitar el acceso al transporte escolar, como los alumnos de los grados medios y superior de FP del CIFP «Simón de Colonia» y del CIFP «Juan de Colonia».
La Dirección Provincial ya deja, por lo que se lee en la noticia del Diario de Burgos y declaraciones de miembros de los equipos directivos consultados, de dar ese servicio gratuito global a alumnos que cursan estudios en centros públicos de FP y que no pueden hacerlo en sus localidades o no tienen centros públicos cercanos a los que acudir.
No recoge la noticia otro hecho. Los alumnos de Bachillerato del centro público IES «Camino de Santiago» que llevan acudiendo desde 1º ESO, también podrían quedarse, todos o parte de ellos, en tierra, porque, si es cierto lo que se ha transmitido, aún no les ha llegado un documento oficial que corrobore su derecho a transporte.
El nuevo transporte escolar, integrado o no, muestra también otras deficiencias y noticias preocupantes que CGT ya ha ido dando a conocer a lo largo de este inicio de curso. Así, algunas empresas y rutas dejan a los alumnos a las puertas de los centros públicos «Camino de Santiago», «Simón de Colonia» y «Juan de Colonia» mucho antes de los 20–25 minutos de horquilla que establece la Comisión Provincial del Transporte Escolar. O al contrario: o llegan tarde, una vez iniciadas las clases, o llegan a recogerlos una vez que ha pasado esa horquilla para llevarlos a sus casas. La empresa que hace únicamente la localidad de Arcos se ha dejado en diversas ocasiones alumnos sin subir al autobús; llega a la parada de la localidad de 10 a 5 minutos antes de que empiecen las clases, con lo que llega con retraso, sin entrar en posibles elevadas velocidades. Incluso han transmitido que en alguna ocasión han cogido más pasajeros que asientos de los que dispone y éstos han ido sentados de forma inadecuada (en las escalerillas interiores, dos en un asiento, etc.), a pesar de que es fácil saber que los alumnos con carné de transporte escolar son prioritarios en la ruta. La peligrosidad, el riesgo y la irresponsabilidad reiterados no han supuesto, por lo que sabe CGT, ninguna sanción.
Para CGT esta situación justificaría sobradamente actuaciones como la recogida de firmas por parte de los alumnos que hemos visto en change.org.
La Sección de Enseñanza de CGT, en consecuencia, plantea a la Dirección Provincial las siguientes propuestas, para que las gestione y traslade a la Consejería de Educación:
1- La enseñanza es un derecho avalado por la Constitución y ampliado por la legislación. La Consejería de Educación debe cumplir con las leyes establecidas, e impulsar otras que amplíen las posibilidades para formarse. La Consejería debe facilitar los medios para acceder a la enseñanza pública, de calidad, y proveer los servicios complementarios necesarios, como es el transporte escolar gratuito. Resulta irónico que el CIFP «Simón de Colonia» que acaba de estar incluido entre 43 centros de élite del Estado en Formación Profesional- familias industriales, tenga estos problemas que conlleven la disminución de alumnado.
2- La Consejería de Educación, que presume de gran implantación del sistema educativo público y de sus buenos resultados del informe PISA, no puede dejar a los alumnos de Formación Profesional y Bachilleratos sin la posibilidad de estudiar, sólo por el hecho de ser enseñanzas postobligatorias y no residir en la capital.
3- La Consejería de Educación debe modificar la legislación vigente para garantizar públicos a los alumnos de enseñanzas de FP y Bachilleratos el derecho a una formación en centros. Es un servicio público que debe acoger a todos los ciudadanos, e implica dotar de los servicios complementarios gratuitos como es el trasporte escolar.
4- Que la Dirección Provincial de Educación confirme de manera inmediata el uso del transporte gratuito a los alumnos de Bachillerato del centro público IES «Camino de Santiago» que residen en localidades cuyos centros de infantil y primaria están adscritos. También a los alumnos de de Formación Profesional de los CIFP «Simón de Colonia» y CIFP «Juan de Colonia» que residan en localidades donde no haya oferta educativa del grado o la familia profesional que estudian.
La Sección de Educación de CGT entiende que así se enseña en calidad, se amplía la formación educativa y se hacen políticas activas para favorecer a la población joven que vive en el medio rural.
Fuente: CGT Enseñanza Burgos
