La única hija viva y los nietos de Luis Dorado Luque, residentes en España, Australia y Bélgica, han iniciado acciones jurídicas contra el Estado para que se reconozcan las condiciones de la muerte de su padre y abuelo, diputado socialista por Málaga que fue detenido en la provincia de Córdoba el 18 de julio de 1936 y asesinado a finales de mes en un lugar sin determinar, presumiblemente a las afueras de la capital. La familia lleva más de 25 años luchando para conseguir verdad, justicia y reparación sin que hasta el momento hayan logrado siquiera que el registro civil certifique las condiciones exactas en las que se produjo el fallecimiento. Este será el primer objetivo que tratará de conseguir la familia, que se modifique el acta de defunción de su abuelo y se hagan constar las circunstancias reales de su fallecimiento. Para ello, la familia cuenta con la colaboración de la CGT que les ha facilitado apoyo logístico y jurídico en la persona del abogado del Sindicato de Enseñanza, Felipe Navarro.
La única hija viva y los nietos de Luis Dorado Luque, residentes en España, Australia y Bélgica, han iniciado acciones jurídicas contra el Estado para que se reconozcan las condiciones de la muerte de su padre y abuelo, diputado socialista por Málaga que fue detenido en la provincia de Córdoba el 18 de julio de 1936 y asesinado a finales de mes en un lugar sin determinar, presumiblemente a las afueras de la capital. La familia lleva más de 25 años luchando para conseguir verdad, justicia y reparación sin que hasta el momento hayan logrado siquiera que el registro civil certifique las condiciones exactas en las que se produjo el fallecimiento. Este será el primer objetivo que tratará de conseguir la familia, que se modifique el acta de defunción de su abuelo y se hagan constar las circunstancias reales de su fallecimiento. Para ello, la familia cuenta con la colaboración de la CGT que les ha facilitado apoyo logístico y jurídico en la persona del abogado del Sindicato de Enseñanza, Felipe Navarro.
Luis Dorado Luque, dirigente del PSOE y la UGT, fue elegido diputado del Frente Popular en 1936. En julio de 1936 se encontraba en Madrid y en el momento de producirse el levantamiento militar, acompañado de otros tres diputados del Frente Popular, toma un tren en dirección a Málaga, siendo portador, probablemente, de instrucciones de Largo Caballero para afrontar la crisis. Pero nunca llegarían a Málaga. En Alcolea, según declaraciones del cónsul británico en Málaga que viajaba en el mismo convoy, son bajados del tren y conducidos, junto al periodista cordobés García Hidalgo, al cuartel de Artillería nº 1 de la capital. Desde aquí sería sacado para ser fusilado 12 días después sin haber sido juzgado. De hecho, la familia, al término de la guerra, desconoce las circunstancias de su asesinato, pero le consta su muerte porque en agosto del mismo año reciben una caja de zapatos sin remitente en el que se encuentran los efectos personales del diputado.
Cuando llega la transición, la viuda de Luis Dorado solicitó la partida de defunción de su esposo para tramitar su pensión de viudedad. Al recibir el documento se encuentra con que la misma no es literal por incluir al margen una nota en la que se especifica que el cadáver se ha inscrito como “varón desconocido que lleva la documentación de Luis Dorado y otros documentos”. Con lo cual la familia tuvo que iniciar el trámite judicial para realizar la inscripción por fallecimiento voluntario y, aunque tardó 12 años (de 1981 a 1993), finalmente consiguió que la justicia reconociera como fallecido a su marido supuestamente desaparecido casi 50 años antes. Durante todo este tiempo la familia, que al regreso de la democracia siguió vinculada al PSOE, ha tratado de que se restituya la verdad sobre el asesinato de su padre y abuelo, que se hiciera Justicia y se reparara su figura y no quedara como alguien que en los momentos difíciles desaparece, se quita de en medio.
Como expresan perfectamente en su comunicado, la respuesta de las organizaciones por las que su padre entregó la vida no ha sido todo lo satisfactoria que cabría esperar, a pesar de toda la información que fueron recopilando a lo largo de estos años y que desmonta por completo la versión oficial de la desaparición.
La constancia de la detención la tenían desde el primer momento y la información la sirvió de primera mano el general Queipo de Llano en una de sus alocuciones radiofónicas desde Radio Sevilla en la que dio cuenta de la detención de los diputados malagueños. Su estancia en prisión en el Cuartel de Artillería nº 1 está documentada. El historiados Francisco Espinosa tuvo acceso a una partida de defunción de un periodista preso en la que varios compañeros de prisión, entre los que se encuentra Luis Dorado Luque, firman como testigos. Ese acta de defunción tiene fecha de 28 de julio.
Dos días después, aparece un cadáver, en lugar sin determinar, y es trasladado por una ambulancia de Cruz Roja al cementerio de Córdoba. En la autopsia que se practica a aquel cadáver, el forense hace una vaga descripción del mismo y determina que fue muerto violentamente por arma de fuego. En la partida de defunción se hace constar el informe del forense y se inscribe como un varón desconocido de unos 50 años que lleva la documentación de Luis Dorado Luque. Y así quedó registrado, el cadáver como desconocido y Luis Dorado pasó a ser uno más de los miles de desaparecidos de la guerra.
Y sus familiares no están dispuestos a que la mentira prevalezca. Asesorados por el letrado Felipe Navarro, han planteado un primer pleito que persigue simplemente que se cumpla la ley del Registro Civil, según la cual todos los asientos que se registren tienen que ser fiel reflejo de la verdad. Una vez demostrado lo evidente, el fusilamiento del diputado por los sublevados, la familia no descarta ninguna acción jurídica en el plano nacional o internacional para que el Estado asuma su responsabilidad por el asesinato de una persona detenida, que además era representante legítimo de los ciudadanos, en una instancia militar y asesinada sin juicio. Los que cometieron aquel crimen lo hicieron para imponer un nuevo Estado y, al no haber habido un proceso de ruptura con el anterior régimen, el Estado actual debe responsabilizarse de los posibles desafueros que se cometieron y del que fueron víctimas cientos de miles de españoles.
Par : FP de Málaga
Fuente: F.P. de Málaga
